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agosto 2020

Más de la mitad de los nuevos casos de párkinson anuales están sin diagnosticar

Fuente: www.solidaridaddigital.es. Servimedia, Madrid.

Unas 150.000 personas padecen párkinson en España y más del 50% de los nuevos casos que se producen están sin diagnosticar. Además, el 15% de los nuevos diagnósticos corresponden a menores de 50 años, según reflejan los datos facilitados este martes por la Sociedad Española de Neurología (SEN) en la víspera del Día Mundial del Cerebro.

El 2% de los mayores de 65 años y un 4% en los mayores de 85 padecen párkinson en España, aunque alrededor de un 15% de los casos actualmente diagnosticados en España corresponden a personas menores de 50 años.

Además, los pacientes con la enfermedad tardan una media de entre uno y tres años en obtener un diagnóstico correcto y más del 50% de los nuevos casos que se producen cada año están actualmente sin diagnosticar, principalmente por una identificación incorrecta de los principales síntomas, agregó la SEN en un comunicado.

“El objetivo de este día es crear conciencia sobre la enfermedad de Parkinson y su impacto en la sociedad, pero también para que, en todo el mundo, se haga un esfuerzo por reconocer los síntomas del párkinson de una forma precoz, así como a mejorar el acceso a la atención neurológica de calidad y los tratamientos de los que disponemos en la actualidad”, destacó el doctor Pablo Mir, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN.

“Porque a pesar de que el diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento efectivo son vitales para ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida, más de un 25% de las personas que padecen la enfermedad de Parkinson en todo el mundo fueron inicialmente diagnosticadas erróneamente y muchos síntomas de la enfermedad de Parkinson aún son poco reconocidos y no se tratan adecuadamente. Por lo que en este Día Mundial del Cerebro se insiste en la necesidad de mejorar los estándares de atención en todo el mundo”, destacó el doctor Mir.

“Hay que tener en cuenta que aunque los problemas motores sean los síntomas más característicos de esta enfermedad, ésta también puede manifestarse en trastornos cognitivos, gastrointestinales, autonómicos, sensitivos o del sueño”, añadió. “Y si solo se reconocen los problemas motores, estaremos diagnosticando tarde o erróneamente a un 30-40% de los pacientes con párkinson que no presentan temblor, o al 40% de los pacientes en los que la primera manifestación del párkinson es la depresión”

Residencias y COVID-19: claves e incógnitas de una catástrofe

Fuente: www.rtve.es

En todo el mundo, la trasmisión del SARS-CoV-2 ha resultado letal en las residencias: espacios cerrados pero sociales en los que la población con patologías previas de riesgo elevado ronda el 40%, frente al 5% de la población general. La mitad de las muertes con COVID-19 en Europa, según la OMS, se han producido en estos centros.

En España, el número de fallecidos en residencias con COVID-19 o síntomas compatibles en residencias de mayores es de 19.425, el 71% de las muertes con coronavirus contabilizadas oficialmente en España. Los datos proceden de la suma de las diferentes comunidades autónomas, porque el Ministerio de Sanidad todavía no ha ofrecido cifras oficiales. La mayoría de las defunciones se han producido en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La reciente batalla interna del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con acusaciones públicas entre consejeros del PP y Ciudadanos sobre la responsabilidad de la gestión; las demandas de familiares o de la patronal de las residencias son una muestra de muchas cuestiones por resolver. ¿Han sido hospitalizados todos los usuarios que lo han necesitado? ¿Hay responsabilidades políticas? ¿Y judiciales? ¿Cómo ha podido suceder?

¿Quién tiene competencias sobre residencias?

Aunque el Real Decreto del 14 de marzo que declara el estado de alarma señala al Gobierno “como autoridad competente”, en su artículo 6 específica que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” y en el 12.2 que “las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”.

Así lo entienden los abogados de la querella criminal colectiva agrupada en la Marea de Residencia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio son las acusaciones mayoritarias en las 191 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 en residencias de mayores, 81 de ellas en Madrid y 33 en Cataluña, según la Fiscalía General del Estado.

Pero patronales de residencias como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) han denunciado que el Gobierno era competente en el suministro de equipos de protección o test, y acusan el Ejecutivo de “abandonar a su suerte” a los mayores ingresados.

¿Cómo se derivaba a pacientes de residencias a los hospitales?

En el centro del debate se da vueltas en círculo a la misma pregunta: ¿Hubo pacientes en condiciones de recibir asistencia hospitalaria que no fueron derivados al hospital?

Políticos de todas las autonomías lo niegan tajantemente. “Siempre se ha actuado con el criterio clínico, que es el que debe prevalecer”, afirma el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. “En ningún momento se impidió el traslado de residentes a los hospitales”, dice Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León. “Cuarenta personas cada día han sido trasladadas desde las residencias a los hospitales”, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sin embargo, la patronal de las residencias privadas (CEAPS), que representa a 1.800 residencias de España en las que habitan 200.000 personas, afirma rotundamente que se nego asistencia hospitalaria. Cinta Pascual, presidenta de CEAPS, así lo dijo el pasado 5 de junio en el Congreso: “Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas en el hospital para todo el mundo”. Y, en un informe, subrayan: “Aunque no se puede demostrar una exclusión sistemática, sí se aprecia como conducta reiterada durante los meses de marzo y abril”.

A los familiares -como Luis de Miguel, cuya madre falleció en una residencia de Alcorcón (Madrid)- les atormenta la pregunta. “El médico dijo que no era recomendable el traslado. Si mi madre hubiera estado en mi casa, me hubiera acercado a urgencias con ella y la hubieran atendido, pero como estaba en una residencia, no ocurrió”, cuenta a TVE.

Cualquier enfermedad susceptible de ser tratada termina en una derivación al hospital. La pandemia sí afectó a la normalidad de ese flujo: los hospitales -cada vez más ocupados en ingresos de urgencias, pacientes agudos, y pacientes de UCI- tenían que decidir la derivación o no de una cantidad inusual de pacientes. Los principios de la bioética, autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, guían las actuaciones de triaje. Muchos fallecidos partían de una situación con patologías y, en muchos casos, será el registro de las llamadas entre residencias y hospitales la que determine si existe una negligencia puntual.

Cinta Pascual, presidenta de CEAPS, afirmó en la Comisión de reconstrucción que, en alguna ocasión, cuando un médico acudió a una residencia iba señalando pacientes diciendo “mórfico”, insinuando que se aplicaban sedaciones a discreción. Sin embargo, fuentes médicas afirman a RTVE.es que el cloruro mórfico alivia la disnea (dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire) propia de la COVID-19.

¿Hay pruebas de discriminación en las derivaciones?

El 1 de abril, un documento interno del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Conselleria de Sanidad de Cataluña, reflejaba “limitar la ventilación mecánica en las emergencias médicas a los pacientes de más de 80 años sospechosos de coronavirus y con una insuficiencia respiratoria grave, si así lo consideran, bajo criterio clínico”.

La concreción de la edad desató una polémica (y también denuncias) aunque el mismo documento recomendaba priorizar recursos para “aquellos pacientes que más se puedan beneficiar”, independientemente de la edad.

La mayor polémica está ahora en la Comunidad de Madrid, que ha reconocido que envió “por error” un borrador en el que se negaba el traslado de los ancianos de las residencias a hospitales según su dependencia o discapacidad.

Durante la pandemia han muerto al menos 19.400 personas en residencias de mayores. Su gestión ha sido objeto de polémica en algunas comunidades como Madrid, con enfrentamientos entre los Consejeros de Sanidad, del PP, y de Políticas Sociales, de Ciudadanos. El motivo: si se dieron o no órdenes de no trasladar a residentes contagiados a hospitales.

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero (Cs), filtró unos correos que envió a Escudero en los que le mostraba su disconformidad porque esa medida podía ser ilegal. El Consejero de Sanidad (PP) ha hablado de “decepción” por esa filtración de su socio de Gobierno y ha especificado que entre el 14 al 25 de marzo se produjeron 493 traslados de ancianos en residencias a hospitales, todos por criterios clínicos.

José Augusto García, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, defiende esta visión general en todo el país. “Aquí no se ha establecido un criterio de edad ni que a partir de cierta edad no se deriva por estar en una residencia de mayores: siempre se pone en el filo de la balanza el potencial beneficio que le vas a ofrecer a esa persona”.

La COVID-19 actúa rápidamente en pacientes de edad avanzada con patologías, con apenas unos días entre inicio de síntomas y fallecimientos. La saturación de los servicios funerarios hizo el resto en situaciones dantescas como la denunciada por el Ministerio de Defensa al encontrar residentes fallecidos durante la tareas de desinfección de la UME.

¿Por qué se cerraron las residencias?

Jurídicamente, quien vive en una residencia tiene la misma relación con la sanidad que una persona que vive en su domicilio. Muchas residencias tienen médicos y enfermeros en nómina que dan algún tipo de soporte, pero no cuentan con un servicio de enfermería 24 horas.

El 5 de marzo Sanidad elabora un documento técnico para residencias de mayores que recomienda aislar a los residentes sospechosos y avisar a los servicios de salud pública. El 6 de marzo, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, descarta el cierre de residencias, aunque pide “reducir el contacto”. La declaración del estado de alarma y las medidas de aislamiento restringen las visitas y el contacto de los familiares tiene que ser desde entonces telefónico o telemático: las residencias se convierten en búnkeres, pero en muchas de ellas el virus ya circula.

Todo los afectados entienden la lógica de la medida, pero señalan que falló
-más aún que en los hospitales- lo más importante: dotar de personal y equipos de protección a las residencias. El 19 de marzo se notifican 19 fallecidos en la residencia de Monte Hermoso en Madrid. Un esquema que se repetirá en más residencias de las cuatro comunidades más afectadas.

“Se les ha ido de las manos, no sé muy bien si no dieron la alarma a tiempo, si no tenían medios, si no les han ayudado, pero la verdad es que es muy triste”, decía a RNE Manuel, hijo de una residente de Monte Hermoso. “No podíamos acercarnos, no podíamos hablar por teléfono. No sé hasta qué punto, aunque tengan plazas cedidas a la Comunidad, la Comunidad tenía que haber estado más encima. No sé si es negligencia por no haber contratado más personal ya que es un negocio privado, no está medicalizada, no tenían medios”.

¿Por qué faltó personal y equipos de protección?

Las residencias de mayores son un sector de competencia autonómica con alta privatización. En España hay 5.358 residencias que dan servicio a 373.000 personas, lo que supone el 4% de la población con más de 65. Aunque es un sector en el que lo público y lo privado se entrelazan con numerosos modelos de gestión, solo el 27,2% de las plazas son en centros públicos mientras que el 72,8% son privadas (según datos de abril de 2019 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales).

La normativa de Sanidad recomendaba que cualquier persona que hubiese estado en contacto con un enfermo con coronavirus debía aislarse y avisar a urgencias. Empleados de residencias comenzaron a ponerse en cuarentena, hasta que el 21 de marzo el BOE publicó que el personal de residencias que no tuviera síntomas debería “seguir realizando su actividad”.

Desde que la UME localizó en residencias varios cuerpos de ancianos que habían fallecido con COVID-19, estos centros de mayores están bajo el foco mediático, y esto es algo que está afectando severamente a sus trabajadores en un momento en el que, aseguran, se están dejando “la vida” para ayudar en la emergencia sanitaria. La directora de la residencia Madre Maravillas, Beatriz Benito, y varias trabajadoras que continúan en primera línea aseguran que se cumplen los protocolos pero que las funerarias no dan abasto: “Si no vienen a recoger los cuerpos, ¿qué hacemos?”, señalan.

Pero la contratación de nuevos médicos o enfermeras resultaba una quimera para las residencias: sus condiciones son entre un 33% y un 40% menores a los contratos que ofrecían los hospitales al mismo tiempo. El 23 de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 eliminaba el requisito de la titulación de gerocultora (auxiliar de enfermería) para trabajar en las residencias.

Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) indican que las residencias trabajaban ya con plantillas muy ajustadas antes de la crisis y que las bajas por coronavirus llegaron a registrar un absentismo de hasta el 60%. Al mismo tiempo, sostienen que protecciones y test llegaron tres o cuatro semanas más tarde a las residencias que a los hospitales.

Aunque la batalla judicial está empezando, muchos implicados concluyen que la crisis del coronavirus no ha hecho sino desnudar y exponer un problema sistémico: ¿cómo debe tratar la sociedad a sus personas mayores?

Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos: más de 19.600 muertos con COVID-19 o síntomas compatibles

Fuente: www.rtve.es

El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- con Covid-19 o síntomas similares se sitúan en 19.651, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 69,1 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

Aunque Sanidad no ha facilitado el número de fallecidos en estos centros, un documento interno compartido con las comunidades autónomas al que ha tenido acceso RTVE.es calcula que son al menos 27.359 y que más de dos tercios, hasta 18.883, corresponden a fallecimientos de personas contagiadas con Covid-19.

Más de 27.000 personas han fallecido en residencias durante la pandemia del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos de la pandemia de este coronavirus, su personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en estos centros, pero la investigación judicial fue derivada a las fiscalías de cada región.

La Fiscalía General del Estado mantiene 178 diligencias civiles y otras 228 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. En la última semana -hasta el 20 de julio- se han puesto en marcha tres nuevas investigaciones (dos en la Comunidad de Madrid y otra en Baleares) por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus.

La Comunidad de Madrid es la que acumula más diligencias (147 y una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso), seguida de Cataluña (28), Castilla-La Mancha (23), Castilla y León (18) y Galicia (14). Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en las diferentes comunidades tienen como origen denuncias hechas por partidos políticos, particulares y asociaciones.

También, un grupo de abogados de toda España, en nombre de 3.000 familiares de fallecidos con coronavirus, han presentado una querella contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

El foco vuelve a las residencias de ancianos en plena ola de rebrotes

Fuente: www.20minutos.es
Autora: Noelia Pérez

España supera el millar de contagios en un día, con 1.153. Es la cifra más alta que registra el Ministerio de Sanidad desde el 2 de mayo, cuando el país seguía en pleno estado de alarma. Pero ahora estamos en pleno verano y tal y como afirmó Fernando Simón el pasado lunes– los contagios no están siendo homogéneos en todo el territorio durante esta etapa de la pandemia. La incidencia del virus es muy desigual en función de las zonas debido a los desplazamientos de la población: ni los contagios se producen a la vez, ni la incidencia es la misma. Y este miércoles quedó todavía más claro.

Lleida y otros seis municipios de la provincia –incluida la comarca de El Segrià– iniciaron su desconfinamiento tras dos semanas cumpliendo algunas de las mayores restricciones del país; mientras, en Aragón –donde los contagios no dan tregua– el punto de mira vuelve a estar en las residencias: ya se han detectado 112 casos y dos fallecidos en 45 centros de la autonomía.

Aragón

19.646 personas, según Sanidad, murieron en residencias en la primera etapa de la pandemia. Ahora el foco –y no solo en Aragón– regresa a ellas. Al cierre de esta edición (23.00 h), eran dos los mayores fallecidos y 112 los contagiados en centros de este tipo en la comunidad aragonesa. Entre ellos está el de Burbáguena (Teruel), que suma 45 internos y 4 trabajadores positivos; o el de Chimillas (Huesca), que confirmó 16 contagios.

Y es que los casos siguen subiendo: 424 registró ayer el ministerio, 67 más que el martes. La mayoría vuelven a localizarse en Zaragoza (329), por delante de Teruel (47) y Huesca (37).

Cataluña

El Govern relaja las restricciones de movilidad en Lleida y seis municipios de la provincia. Según la consellera de Salud, Alba Vergés, las medidas “funcionan” y certifican una “tendencia decreciente” pese a que “la presión asistencial de los centros sanitarios es muy alta”, pues aún hay 189 hospitalizados en la región sanitaria de Lleida. Allí, desde hoy, bares y restaurantes podrán abrir sus terrazas al 50%, con separación de 2 metros entre mesas y cierre a medianoche; y los comercios, equipamientos deportivos y culturales también podrán seguir al 50% del aforo.

En toda la comunidad, el Departamento de Salud catalán registró 8 nuevos fallecidos y 969 contagios, de los que 239 corresponden a Barcelona capital.

Comunidad de Madrid

Alarman los datos de Madrid. Solo ayer el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso registró 181 nuevos casos, 50 más que el martes, –aunque Sanidad informó de 199–, además de un fallecido. Destacan dos nuevos brotes, uno en un bar de copas de la capital (con 13 casos y 42 contactos) y otro en una comunidad religiosa de Torrejón de Ardoz (con 15 casos y 42 contactos).Con estos ya se suman 13 focos.

Comunidad Valenciana

Hasta 114 y un muerto en 24 horas en la Comunidad Valenciana. La mayoría del total se registran en la provincia de Valencia (54 nuevos), por delante de Alicante (54) y Castellón (4).Dos casos están sin asignar. Asimismo se localizaron dos nuevos brotes, de 3 y 4 casos de origen familiar en Elche; y el de originado en una discoteca de Gandía acumula 158 positivos, 44 detectados en los últimos días.

Andalucía

681 casos vinculados a cuarenta brotes en siete provincias. Dos se registraron ayer en Granada(4 casos) y en Sevilla este (otros 4). Además, el surgido en Córdoba, a raíz de la celebración de una graduación sigue siendo el más numeroso con 110 positivos tras sumar uno nuevo ayer. En cuanto a nuevos positivos estos ascienden a 105, según la Junta;y a 61, según Sanidad.

Galicia registra a turistas

Galicia vive una situación estable, con 12 positivos en 24 horas, pero toma medidas: los turistas que lleguen de países o CC AA con alta incidencia del virus tendrán que registrarse e indicar su procedencia. Si no, serán sancionados.

La Asociación contra el Cáncer busca más voluntarios y socios en Sevilla para ayudar a más enfermos

Fuente: https://sevilla.abc.es
Autor: Jesús Álvarez

Durante los últimos meses ha colaborado con más de tres mil y su presidente, Jesús Maza, pide apoyo también a las pequeñas y medianas empresas en la medida de sus posibilidades

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Sevilla, en general, y a las pequeñas y medianas empresas en particular, para que colaboren en la medida de sus posibilidades con esta entidad en cuya sede sevillana, situada en la calle Marqués de Paradas, trabajan unos 25 profesionales, entre médicos, psicooncólogos y trabajadores sociales.

Miles de voluntarios hacen labores de acompañamiento a enfermos de cáncer y familiares en todos los hospitales de la provincia. «Para ayudar a más gente necesitamos más recursos y las grandes empresas en Sevilla son las que son; sin embargo, hay muchas pequeñas y medianas empresas en la capital y en los pueblos que con pequeñas ayudas pueden hacer de esto una suma importante y permitirnos hacer muchas cosas. Si quieren colaborar, se lo agradeceremos mucho», dice Jesús Maza, presidente de AECC Sevilla, asociación que tiene 23.000 socios, más que cualquier hermandad de la ciudad, y que cuenta, además, con cincuenta juntas locales en cincuenta pueblos de la provincia.

«Lo que mueve esta asociación es increíble, del nivel de Cáritas o Banco de Alimentos, y quizá seamos la asociación más numerosa de Sevilla, después del Betis y del Sevilla F.C. No obstante, nos gustaría tener más socios y colaboradores. Es muy fácil y sólo hay que entrar en nuestra página web», dice este abogado sevillano que aceptó en enero presidir AECC Sevilla.

Esta asociación maneja un presupuesto anual de 2,5 millones de euros, del que sólo el 3 por ciento procede de subvenciones o ayudas públicas. Son las donaciones privadas de los socios y lo que se logra recaudar en eventos, rifas, loterías, etcétera, lo que nutre el 97 por ciento de esta cantidad.

«Ayudamos a más de 3.000 personas en los últimos meses. Nadie que llega a la asociación se queda sin ayuda, sea psicológica o económica. Hay mucha gente que aún no nos conoce y tenemos que seguir dándonos a conocer y bajando a pie de calle», asegura Jesús Maza.

AECC Sevilla maneja un presupuesto de 2,5 millones de euros, de los que apenas un 3 por ciento procede de subvenciones públicas

AECC recibe herencias de personas que han tenido relación directa o indirecta con el cáncer, la mayoría a través de una propiedad inmobiliaria. A veces estas viviendas se ponen a disposición para acoger a enfermos de cáncer que no tienen sitio donde alojarse mientras reciben un tratamiento en algún hospital de Sevilla.

Esta asociación tampoco es ajena a los problemas de ocupación ilegal que sufre toda la ciudad. «Hemos heredado un piso en Sevilla-Este y se nos ha colado un okupa que viene dirigido por una mafia que se entera de que ha muerto la persona, le da una patada a la puerta y mete a una familia a la que le cobran dinero», cuenta Maza, que destaca que el coste del cáncer es muy elevado para una familia.

«La sanidad te cubre muchos gastos pero hay algunos que no como desplazamientos, gastos ortopédicos, estéticos, cuidados. Y lo más importante son los ingresos que tú dejas de generar y los de tu familia, si te tiene que cuidar. Nadie cubre eso y la AECC de Sevilla actúa de forma permanente. Todo nuestro presupuesto va dirigido a ayudarlos y a apoyo psicooncológico. Hay varias líneas de investigación abiertas y también las ayudamos. Y yo firmo a diario pequeñas ayudas de 300 euros que algunas van dedicadas a la cesta de la compra.

AECC cuenta con una residencia en los Bermejales, donde la gente que viene de fuera de Sevilla, Sierra Norte, por ejemplo, se puede quedar mientras recibe un tratamiento oncológico. «Cuando no hemos podido cubrir la demanda con esta residencia o los pisos que nos donan, nos han dejado apartamentos turísticos a precio rebajado para darles acogida a estos enfermos», dice Maza.

La asociación ha inaugurado este año nueva sede en la céntrica Marqués de Paradas. «Está a pie de calle porque queremos darle más visibilidad al cáncer y que la gente lo afronte con naturalidad. Hace 20 años se curaban menos de la mitad de los tumores y ahora se curan más del 70 por ciento».

AECC Sevilla tiene como prioridad en este mandato apoyar a los pacientes y familiares en su proceso de reincorporación laboral. «No es fácil para un enfermo oncológico readaptarse al trabajo y ayudaremos a la empresa a definir protocolos para cuando vuelvan a su puesto de trabajo. A veces el enfermo se siente inadaptado o incomprendido. También los familiares pueden perder el trabajo por cuidarlo. Ahí queremos entrar, ayudar a los cuidadores y a los enfermos», comenta el presidente, que destaca la concienciación de gente joven. «Tenemos muchos voluntarios pero queremos beneficiar a más gente y vamos a necesitar más», dice Jesús Maza.

Doble vulnerabilidad: Unas 33.000 personas con cáncer han perdido su empleo por culpa de la pandemia, según estimaciones de la AECC

La pandemia del coronavirus ha destruido un millón de empleos y según estimaciones de la AECC, alrededor de 33.000 personas con cáncer han perdido su empleo. «Estas personas están sufriendo una doble vulnerabilidad: la que provoca la crisis económica del coronavirus y la que origina la propia enfermedad», dice Jesús Maza.

Un 57% de los hogares de personas con cáncer se encuentra por debajo de los 1.800 euros mensuales y un 28 por ciento tendrían unos ingresos inferiores a 1.100 euros. Con ese dinero, tienen que hacer frente a los gastos habituales del hogar, así como aquellos derivados de la enfermedad y los tratamientos, como el de radioterapia que puede llegar a 1.100 euros de media para un tratamiento de quince días.

Otro de los objetivos es prestar apoyo a los profesionales oncológicos. «Queremos que cuenten con nosotros y les podemos ayudar, por ejemplo, en psicooncólogos. Tenemos a varios que pueden facilitar el trabajo al oncólogo. A veces el profesional está desbordado y no tiene tiempo y ese enfoque de apoyo psicosocial puede ser de grandísima ayuda», dice el presidente de AECC Sevilla.

El Covid ha agravado el pronóstico del cáncer por el miedo de los pacientes a ir al hospital durante los meses de confinamiento, lo que ha retrasado los tratamientos. La asociacion, que ha prestado mucha atención telefónica durante la pandemia, dice que hay que revertir todo eso. Su sede está en el número 22 de Marqués de Paradas y se puede contactar con ella a través de sevilla@aecc.es o del teléfono 900 100 036.

Potenciar la figura y las plazas de enfermera geriátrica es “prioritario” como valor añadido

Fuente: www.actasanitaria.com

En el webinar ‘La atención de nuestros mayores en la era post Covid. ¿Qué hemos aprendido de la crisis? Amenazas y oportunidades‘, organizado este miércoles, 22 de julio, por el Consejo General de Enfermería, su Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) y Laboratorios Indas, el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), Fernanado Martínez, ha destacado como “prioritario” pontenciar “la figura y las plazas de la enfermera especializada en Geriatría”, ya que “se trata de dar un valor añadido a los cuidados de la salud y los sociosanitarios, tanto en la pandemia por la Covid-19 como sin ella”.

A dicho encuentro online, moderado por el director de comunicación del Consejo, Íñigo Lapetra, también asistieron la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar; el presidente de Honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Eduardo Rodríguez; el CEO de Supercuidadores, Aurelio López-Barajas; y el director de Inforesidencias.com, Josep de Martí.

En el análisis de la situación actual de las residencias en España, Fernando Martínez, recordó que la poca presencia de profesionales de Enfermería en los centros sociosanitarios “es un mal endémico” y “quién determina la ratio de presencia en centros son las Consejerías de Sanidad”. Así, matizó que “la Covid-19 evidencia que dichas ratios se pueden modificar”.

Al margen de la pandemia, dicho especialista subrayó como “pieza clave” en el sistema “la Enfermería especializada en Geriatría porque aporta un valor añadido en la atención a los mayores y es muy importante”. Para ello, solicitó “crear más plazas y perfiles adaptados a los distintos centros”, así como “tenerlo en cuenta en los ámbitos del mayor”. También, expuso que “el Gobierno debe replantearse el número de plazas que salen de Enfermería al año”.

Coordinación entre ámbitos sanitarios

Por su parte, Josep de Martí manifestó que “la Covid-19 deja sobre la mesa un problema ya existente en el sector de la Geriatría”, como son “la atención a las personas mayores, la coordinación entre ámbitos sanitarios y sociosanitarios y las condiciones laborales y económicas del personal”. Para él, “el sistema low cost es digno, pero no es eficiente”.

Respecto a esta última afirmación relacionada con la financiación, Aurelio López-Barajas resaltó que “se tiene que reconocer y dignificar el sector sociosanitario” y, para ello, “se tienen que ver los salarios para que sea un sector atractivo”, ya que “las condiciones salariales ponen en valor al mismo y hacen que los profesionales no se vayan a trabajar fuera del país”.

En esta misma línea, el CEO de Supercuidadores comentó que “las altas en la Seguridad Social, dentro del ámbito sociosaniario, crecen al ritmo de un 5 por ciento al año, desde el 2008”. Teniendo en cuenta está cifra, añadió que “se tienen que activar mecanismos para tener más profesionales que ocupen las plazas del sector”.

Coincidiendo con estas afirmaciones, el presidente de la SEEGG indicó que “el sistema educativo debe dar salida a más ofertas laborales y pedir a las comunidades autónomas y a sus Gobiernos que apuesten por potenciar el número de profesionales de Enfermería porque la sociedad lo necesita”.

Problema de financiación

Otro problema detectado durante esta pandemia es la financiación, ya que, según Eduardo Rodríguez, “el personal sanitario debe estar mejor pagado”. También, identificó la necesidad de “protocolizar la asistencia a los mayores y la coordinación sociosanitaria en general”. Por otro lado, manifestó su preocupación ante los rebrotes de la Covid-19 y “si se está preparado para afrontarlos”, debido a que “persisten los errores cometidos, como la falta de control en aeropuertos y fronteras, y rastreadores”.

Entre las conclusiones finales de este encuentro, Carina Escobar pidió “un Pacto de Estado de Cuidados de los más vulnerables, continuidad asistencial y que la asistencia sanitaria no se paralice otra vez”.

Por su parte, De Martí enumeró tres cambios posibles: “gestión de talento, atención centrada en la persona y coordinación de la asistencia sociosanitaria con una apuesta económica”.

Según los datos consultados por el Consejo General de Enfermería, siete de cada 10 fallecidos en España por la Covid-19 estaba internados en una residencia de mayores. El 60 por ciento de los infectados tenía mas de 50 años y el 37 por ciento, más de 70. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que, en el año 2068, el número de mayores de 65 años llegará a 14 millones, lo que supondrá un 29 por ciento del total de la población.

Josep de Martí señala “Debemos reforzar la atención en el ámbito residencial tanto con más enfermeras como con medidas de prevención. No estamos dando a las enfermeras especialistas en Geriatría la importancia que tienen y esto se ha visto en que ha habido muchísimas comunidades con unas cifras altísimas de pérdidas en residencias. Por ello, con este encuentro queríamos mejorar los errores históricos que veníamos denunciando desde hace años en el sector sanitario”, asegura Pilar Fernández.

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