artículos de actualidad
abril 2018
Envejecimiento: la falsa amenaza para el sistema sanitario
Fuente: www.agenciasinc.es
Autor: Unai Martín Roncero
¿El envejecimiento pone en peligro el sostenimiento de los sistemas sanitarios públicos? Para Unai Martín Roncero, profesor de la Universidad del País Vasco, nada más lejos de la realidad: “La principal amenaza no es otra que el esfuerzo mediático, ideológico e incluso académico que se está haciendo por convertir a la salud y su atención en una herramienta de negocio y lucro”.
España, al igual que el resto de las sociedades occidentales, está experimentando un profundo cambio en su estructura de edades, lo que se ha traducido fundamentalmente en el incremento del número de personas mayores. Actualmente, las personas de 65 y más años representan algo más del 20% de la población, y este porcentaje se doblará en las próximas cuatro décadas.
Este proceso de envejecimiento demográfico es fruto de uno de los mayores logros sociales de nuestro tiempo: la reducción generalizada de la mortalidad que permite que la mayor parte de las personas lleguen a cumplir 65 o más años.
Sin embargo, desde determinados discursos políticos y mediáticos se ha llegado a presentar este éxito social como un lastre o la principal amenaza para el futuro de nuestras sociedades.
En algunas ocasiones estas predicciones alarmistas esconden un claro interés, ya que están fomentadas y financiadas desde determinados grupos financieros, empresariales e incluso ideológicos. En otras, sin embargo, son fruto del desconocimiento o de una mala interpretación de los fenómenos demográficos y sociales.
Uno de los principales argumentos de estos discursos surge de la idea de que el aumento de la población mayor de 65 años implica un aumento drástico de la carga de enfermedad, la discapacidad y, por tanto, una enorme presión asistencial sobre los sistemas sanitarios que serán, por tanto, insostenibles, tal y como los conocemos en la actualidad. Algunas de estas voces proponen como solución a este importante reto la privatización progresiva de los sistemas sanitarios.
No obstante, se ha mostrado que el impacto que el envejecimiento tiene sobre el aumento del gasto sanitario no es tan elevado y no es, en ningún caso, el principal responsable de su crecimiento, que hay que buscar en otros procesos sociales y sobre todo, económicos, que afectan a la asistencia sanitaria actual.
El envejecimiento ‘per se’ no pone en cuestión el sostenimiento de los sistemas sanitarios públicos
Efectivamente, interpretar el aumento de las personas mayores como un incremento de las personas enfermas es una interpretación simplista y equivocada. Una persona de 65 años en 2018 poco tiene que ver con aquella de 65 años de principios de siglo tanto en términos sociales como de salud. Tal persona de 65 años en la actualidad tiene mayor similitud en términos de salud a una persona quizá de 60 años de aquella época. Contamos ya con cierta evidencia al respecto.
Menos años de discapacidad y mala salud
El descenso de la mortalidad de las últimas décadas parece haber venido acompañado en nuestro contexto de un descenso de los años que se viven en mala salud y un aumento de los años en buena salud.
Por ejemplo, datos para el País Vasco muestran como el número de años que una persona espera vivir con discapacidad o con mal estado de salud son menos que hace veinte años, situación que contrasta con la imagen presente en el imaginario colectivo.
Asimismo, contradice el principal argumento fuente de estas visiones alarmistas del envejecimiento como peligro para el sostenimiento del sistema sanitario.
El cambio en la estructura de edades –no solo el aumento de la población mayor– genera importantes desafíos en nuestras sociedades, algunos de los cuales están directamente relacionados con la salud y el desempeño de los servicios sanitarios.
Sin ir más lejos, el incremento de las enfermedades crónicas, fruto del cambio en el patrón epidemiológico, está obligando a nuestros sistemas sanitarios a profundas transformaciones en su gestión.
El envejecimiento per se no pone en cuestión el sostenimiento de los sistemas sanitarios públicos, ya que este depende fundamentalmente de la legitimidad social de que gocen.
La principal amenaza, por tanto, no es otra que el esfuerzo mediático, ideológico e incluso académico que se está haciendo por convertir a la salud y su atención en una herramienta de negocio y lucro. El asunto es importante, ya que la salud de las personas mayores (y tarde o temprano todos lo seremos) va en ello.
Carlos Spuch: «El alzhéimer empieza ya en la etapa juvenil, incluso en la adolescencia»
Fuente: www.lavozdegalicia.es
Autor: R.Romar
El neurocientífico alerta de que el envejecimiento de la población en Galicia puede traer un tsunami de demencias.
La enfermedad del alzhéimer, ¿cómo podemos diagnosticarla? Es el título de la charla que ofrecida por el científico del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y coordinador de la Rede Galega de Investigación en Demencias. La actividad se enmarca dentro de la iniciativa Corbi Citizen Science, de la Corbi Foundation, en colaboración con los Museos Científicos Coruñeses y el Muncyt.
El neurocientífico sostiene que, aunque aún se desconoce el origen de la enfermedad, cada vez hay más evidencias de que se inicia en edades tempranas. Empieza en la juventud e incluso en la adolescencia, aunque las manifestaciones clínicas no ocurren hasta la vejez.
-El alzhéimer se manifiesta muchos años después de que surja la enfermedad, por lo que se diagnostica muy tarde. ¿Llegará un día en que se detecte, por ejemplo, a los 30 años o antes?
- Sí, seguro que sí. La clínica, como tal, empieza en el hospital a los 60 o 55 años y se desarrolla durante 10 o 15 años más. Pero cuando se descubra el origen de la enfermedad seguramente podremos confirmar que la enfermedad se inicia mucho antes, en las etapas juveniles e incluso en la adolescencia.
-¿Me está diciendo que la enfermedad quizás se inicie en la adolescencia?
- Sí. Los investigadores ya intuimos que su origen se encuentra en las etapas juveniles y lo acabaremos demostrando.
-También se muestra convencido de que se acabará encontrando su causa, algo que en la actualidad se desconoce?
-También. Estoy convencido de que la acabaremos descubriendo. Hoy en día no sabemos cuál es el origen del alzhéimer, pero lo que se intuye es que, en realidad, son cinco o seis enfermedades diferentes, aunque su sintomatología sea similar. Esto implica que cada paciente necesitará de un tratamiento diferente en función de la enfermedad que tenga.
-Parece evidente que cuando se descubra el origen también acabará encontrándose una cura, aunque ahora dé la impresión de ser algo lejano.
-Seguro que también la acabaremos encontrando. No sé cuánto tiempo tardaremos, si tendrán que pasar muchos años o no, pero estoy convencido de que encontraremos la forma de frenar el desarrollo del alzhéimer.
-Volviendo al diagnóstico. ¿En qué se están centrando ahora para lograr una detección a edades cada vez más tempranas?
-Si la enfermedad empieza a edades tempranas, aunque no se manifieste hasta dentro de bastantes años después, lo que hay que hacer es estudiar a personas sanas, a gente normal que no ha ido al hospital por nada.
-¿Pero cómo se seleccionan?
-Buscando a la población de riesgo. Nosotros en nuestro caso trabajamos con personas de 50 a 60 años con depresión. No quiere decir que vayan a tener la enfermedad, pero la depresión es un factor de riesgo. También hay cierta población con un determinado fenotipo asociado al riesgo.
-El alzhéimer es una demencia y la OMS habla de una ola de demencias en el futuro por el envejecimiento de la población. ¿En Galicia será un tsunami?
-Podría decirse que sí, porque el principal riesgo de sufrir demencias es el envejecimiento y Galicia es una de las regiones más envejecidas del mundo. Habría que hacer un estudio epidemiológico para saber realmente cuántas personas hay en Galicia afectadas por las demencias.
-Y lo peor está por venir.
-El 20 % de la población de 80 años sufre demencias, un porcentaje que a los 90 años se eleva al 40 %, cuando a los 60 años solo afecta al 1 %. Está claro que existe una relación con la edad y en Galicia, actualmente, más del 30 % de la población tiene 65 años o más y en el 2030 se espera que esta franja de edad sea superior al 50 %. Ya no será un problema sanitario, sino también social. Un enfermo de alzhéimer, por ejemplo, necesita entre tres y cuatro personas para que lo cuiden.
Las mujeres invisibles que sostienen la vida: ¿por qué siempre cuidan ellas?
Fuente: www.elmundo.es
Autora: María Crespo
La sociedad española, cada vez más envejecida, tiene una enorme necesidad de afrontar las labores de cuidado. El 90% de las personas que se ocupan de este trabajo son mujeres. Indagamos en los motivos sociológicos detrás de esta desigualdad.
Alguien te ayudará cuando te pesen los huesos o tus recuerdos adelgacen, cuando no tengas fuerzas para levantarte, vestirte o caminar. Alguien te ayudará, simplemente, cuando no tengas a nadie más. La población de España envejece rápido, muere despacio y cada vez más personas necesitan ser cuidadas. En nuestro país ya hay 8,6 millones de personas mayores de 65 años, la cifra más alta registrada en décadas.
Según datos del INE, en 2066 serán más de 14 millones, es decir, el 34,6% de la población del país. Al mismo tiempo, la esperanza de vida es una de las más altas de Europa (85,4 años para las mujeres, 79,9 en el caso de los hombres). Pero no sólo los ancianos necesitan cuidados. En 2016, en más de tres millones de hogares españoles (el 16,4% del total) vivía alguna persona dependiente, según datos del INE.
"En la sociedad española hay un horizonte futuro inmediato con una enorme necesidad de trabajo para atender la vida diaria de las personas. Esta es la gran preocupación en términos de cómo enfrentar los cuidados en países desarrollados. La ausencia de formas más institucionalizadas de atender esa necesidad, significa que buena parte de ella recae sobre el hogar y particularmente sobre las mujeres. Hay que convertir este tema en una prioridad política", subraya Pilar Carrasquer, profesora de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Las cifras demuestran que en una aplastante mayoría de los casos, la persona encargada de los cuidados es una mujer. De las excedencias solicitadas en 2016 para atender a un familiar, el 90,87% fueron pedidas por una mujer, según datos del Ministerio de Empleo. De las aproximadamente 400.000 personas que asisten a personas dependientes en el ámbito familiar, el 89% son mujeres, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Según el estudio CuidadorES, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y Lindor (2016), el 88,5% de los cuidadores en España son mujeres y, en el 47% de los casos, es un familiar quien realiza esta labor.
La investigación que dio fruto al libro Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española (2015), dirigida por Carlos Prieto, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, explicaba cómo, hasta los años 90, en España, igual que en la mayoría de países europeos, el cuidado de niños y ancianos se prestaba en el seno de la familia y por parte de mujeres adultas. Ellas eran cuidadoras "únicas y universales (y encerradas en el hogar)" como "contraparte a los varones sustentadores" que trabajaban en el mercado.
A pesar de que los cambios políticos y sociales que se viven en España a partir de los años 80 y 90 provocan el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, esta investigación constata cómo este trabajo "permanece como un territorio propio de las mujeres". El "estar siempre disponible para los cuidados de los demás persiste y resiste hasta convertirse en un rasgo común femenino".
Esta concepción, este modelo "enormemente familista", en palabras de Carrasquer, implica que los cuidados están invisibilizados y tienen escaso reconocimiento social.
La economía feminista -que denuncia un paradigma convencional económico construido sobre la ausencia de las mujeres en el que se niega relevancia económica a las esferas tradicionalmente femeninasa (como el hogar), utiliza para explicar esta desigualdad la metáfora del iceberg: hay esferas económicas que necesariamente permanecen ocultas para mantener la estructura a flote. Lo que se ve, la punta del bloque del hielo, es lo relativo al mercado. Debajo del agua trabajan las mujeres invisibles que sujetan la vida.
"Un trabajo difícil de medir y poco relevante"
"En la economía convencional, los mercados están en el centro. Se le da mucha importancia al empleo remunerado pero el tema de los cuidados (de enfermos, dependientes o niños) está invisibilizado", explica Eba Armendáriz, de Economistas Sin Fronteras. Así, la mayoría de estos trabajos no están remunerados o no existen para los indicadores económicos como el PIB ni tampoco van acompañados de los mínimos derechos laborales. No aportan pero sin embargo son fundamentales porque tienen que ver con el sostenimiento de la vida. La ONU estima que si los cuidados y el trabajo doméstico realizados en el hogar tuvieran valor económico representarían entre el 10 y el 39% del PIB. Por otra parte, la OCDE denunció en un informe en 2014 cómo a pesar de que este trabajo es un "factor indispensable que contribuye al bienestar de los individuos y las sociedades" de manera general "se deja fuera de las agendas políticas debido a la percepción generalizada de que es difícil de medir y poco relevante".
Según la ONU, si los cuidados y el trabajo doméstico realizados en el hogar tuvieran valor económico, representarían entre el 10 y el 39% del PIB.
Y así, la percepción de que los cuidados son terreno femenino se instala en la creencia social. El 44% de los europeos cree que el papel principal de la mujer es ocuparse del hogar y la familia y el 43% afirma que el rol del hombre es ganar dinero, según el último eurobarómetro de la Comisión Europea (de noviembre de 2017) sobre igualdad de género. Una opinión que los políticos también contribuyen a propagar:
El pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Laura Seco, vicesecretaria sectorial del Partido Popular en Cádiz, criticó la huelga feminista preguntándose "¿Quién va a cuidar a los mayores y menores?" Una opinión que no es aislada. Sin ir más lejos, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defendió su visión de una política más igualitaria, en 2016, afirmando que "feminizar la política es construir comunidad en los centros de estudio, en los centros sanitarios... Eso que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madres, que significa cuidar".
Más allá del ámbito familiar, también hay mayoría de mujeres tanto entre las empleadas de hogar como en las personas que atienden en residencias o en centros de día. "Las mujeres no nacemos enseñadas para cuidar. La prueba está que no todas las culturas cuidan de la misma manera. Es algo socialmente construido. Esto hay que tenerlo clarísimo y a partir de aquí, hay que hacer tareas de sensibilización y poner medios para que no sean las mujeres siempre las protagonistas. Hace falta cambiar mentalidades, disponer de recursos", reflexiona Pilar Carrasquer. En su artículo 'El redescubrimiento de los cuidados (2012)', esta especialista recoge cómo son varios los autores que han explicado a lo largo de los años que "el amor y los cuidados se tratan como si existiesen de manera natural, en lugar de reconocer el papel de la costumbre, la ley y las instituciones en la formación de las emociones".
"Hemos criado a nuestros hijos a través del locutorio"
"Siempre se ha educado a las mujeres para que sean ellas las que desempeñen esta tarea. Este es un trabajo muy importante. La sociedad se pararía si no lo hiciéramos, pero se entiende que lo hacemos por amor", lamenta también Rafaela Pimentel, una de las voces más visibles de Territorio Doméstico, una organización asamblearia que nació en 2006 para reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar.
Pimentel, de nacionalidad dominicana pero residente en España desde hace 26 años, se considera una afortunada porque lleva 22 años trabajando para la misma familia. Ella sí está dada de alta en la Seguridad Social, disfruta de permisos para ir al médico y de días libres y se siente valorada. No es la realidad de los casos que llegan hasta su organización: mujeres sin apenas derechos ni amparo legal. Mujeres - "no ha pasado ningún hombre por aquí", reconoce, salvo algún marido-, en su mayoría, migrantes, de hasta 19 nacionalidades.
El amor y los cuidados se tratan como si existiesen de manera natural, en lugar de reconocer el papel de la costumbre, la ley y las instituciones en la formación de las emociones. El cuidado es algo socialmente construido.
"En Latinoamérica las mujeres son las cabezas de familia. Por eso vinimos aquí buscando un trabajo. Nosotras dejamos a nuestros hijos allí. Eso es muy duro. Les hemos criado a través del locutorio, a través de cartas", cuenta Pimentel. Es lo que en términos económicos se llaman cadenas globales de cuidados. "Como en nuestra sociedad están mal vistos los cuidados, falta gente que lo haga, tienen que ser personas de otros países, mujeres, las que realizan las tareas que las mujeres de aquí no pueden o no quieren realizar", explica Eba Armendáriz, que insiste en la necesidad de visibilizar este trabajo.
"Si eres invisible, no existes", explica Armendáriz, "Y si no existes, no se hablará de tí. Faltan cifras, es difícil investigar el fenómeno. Estas personas se quedan fuera del sistema, en lo privado. Estás sola, con tus problemas, en el hogar", resume . Si el problema es personal y no social "no nos unimos para reivindicar soluciones. Si te organizas puedes hacer demandas. El Estado debe asumir más responsabilidades", pide Armendáriz.
Cuando el estado desaparece, aparece el mercado
La ley de Dependencia, creada en 2006 para ocuparse de las necesidades básicas de personas no autónomas por razones de edad, discapacidad o enfermedad, ha sufrido desde sus inicios constantes recortes. Éstos, además de repercutir de manera directa en la vida de las personas que reciben estas prestaciones -en 2017 fallecieron 38.000 personas sin llegar a percibir ayudas que se les habían concedido- también repercuten en las personas que se ocupan de estos dependientes.
Así, las cuidadoras no profesionales -madres, esposas o hijas que se ocupan de un familiar- sufrieron en 2012 recortes de la prestación recibida (de media, unos 300 euros) de un 15%.
De todas estas cuidadoras (unas 400.000 en todo el país), un 39% había dejado sus empleos para ocuparse de estas personas y el estado cotizaba por ellas; en 2012 perdieron su cotización. El Observatorio Estatal para la Dependencia estima, además, que debido a la falta de financiación, se ha desperdiciado, entre 2012 y 2017, la oportunidad de generar 100.000 puestos de trabajo netos. "Por cada millón de euros que se invierte en dependencia se generan 36 puestos de trabajo directos. En obra pública, por ejemplo, es 17 de puestos de trabajo. Son empleos, además, no deslocalizables. En vez de esto, se mueren al día 100 personas sin recibir ayudas", denuncia José Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia.
Es un trabajo muy mal valorado a pesar de las horas que le dedicamos. Estar con ellos no sólo limpiar el polvo ni darle un vaso de agua para que se tome las pastillas.
Ante la ausencia del Estado, surgen empresas que para prestar esta ayuda. Es el caso, por ejemplo, de Aiudo, una empresa de intermediación laboral que ofrece servicios de asistencia a domicilio a personas que tengan familiares a su cargo. Aiudo se crea en julio de 2016, en su red hay en la actualidad. 180 cuidadores. "Alrededor del 95% de los empleados son mujeres; el 60% de ellas son extranjeras", explica Daniel Ibiza, Ceo de Aiudo, que confirma que están apareciendo recientemente más iniciativas privadas para cubrir estas necesidades.
Pepa, de 57 años, contactó con ellos para encontrar un trabajo como interna después de varios años empleada en una residencia como auxiliar de geriatría. Cuida en Valencia de un anciano que sufre Parkinson, con el que está de lunes a viernes, 24 horas al día. "Lo peor de todo es el salario, es un trabajo muy mal valorado a pesar de las horas que le dedicamos. Estar con ellos no sólo limpiar el polvo ni darle un vaso de agua para que se tome las pastillas. Es ponerse en su lugar, tener empatía, intentar que tenga una vida agradable, lo que a mí me gustaría recibir cuando sea mayor", relata por teléfono.
"Hay que repensar el peso de cada actor en la provisión de cuidado. En el caso español, gana la familia, hay una ausencia del Estado y va ganando terreno el mercado; eso significa mayores dificultades para las familias con menos recursos", resume Carrasquer, que invita también a que se abra el debate sobre el papel que la comunidad juega en todo esto. "Es la idea de que todo el mundo tiene que pensar en esa necesidad, en ser corresponsable.
Algunos especialistas se refieren a la cuidadanía", afirma, llamando al despertar de una conciencia colectiva para lidiar con un problema que, con el tiempo, nos afectará a todos.
Las residencias se hacen mayores
Fuente: www.deia.eus
Autora: Beatriz Sotillo
El Gobierno vasco está tramitando un decreto que regulará los centros residenciales para personas mayores, tanto públicos como privados, y que define un modelo de atención de calidad “centrado en la persona”
Desde 1991 y hasta 2017, en solo 26 años, la esperanza de vida de los ciudadanos ha aumentado en más de seis años. Una importante prolongación de la vida que unida a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo configura una nueva realidad y un futuro próximo con una sociedad muy envejecida que requerirá ajustes laborales y económicos, pero, sobre todo, sociales. Uno de los sectores de actividad que ya se está viendo afectado por ese envejecimiento de la población es el de residencias para mayores, que en ese camino de adaptación a más demanda y nuevas necesidades contará con una nueva regulación que busca garantizar una atención de calidad centrada en la persona.
En la actualidad el 21,7% de la población de Euskadi supera los 65 años -más de 460.000 personas- y hay alrededor de 19.900 plazas residenciales para mayores, de lo que resulta una tasa de 4,3 plazas por cada cien habitantes de 65 y más años. El Consejo Económico y Social vasco (CES) ya ha emitido su dictamen sobre el proyecto de decreto “de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco” que ha elaborado el Gobierno vasco y cuya finalidad es regular los requisitos que deben reunir las residencias, definir el modelo de atención y las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación, actualizando la normativa actual, que data de 1998 con retoques realizados en 2005 y 2006. Esta nueva regulación será de aplicación en todas las residencias de mayores de la CAV integradas en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, tanto las públicas como las privadas, y una de sus principales novedades es que eleva las ratios de personal.
En cuanto a las condiciones físicas de los centros residenciales, el proyecto establece que deberán estar ubicados preferentemente en núcleos de población y deben contar con un acceso sencillo y rápido al resto de los servicios comunitarios. También se hace especial incidencia en las condiciones de accesibilidad y se fijan las condiciones mínimas del área sanitaria obligatoria y de las unidades opcionales de psicogeriatría y sociosanitaria.
Los autores del informe del CES vasco valoran especialmente que la nueva norma incluya elementos novedosos, como las referencias a la mejora continua, a los planes de calidad y a la atención centrada en la persona entre otras, “que suponen dar al servicio una orientación acorde con las actuales tendencias de la atención gerontológica”. “Consideramos oportuno que las personas usuarias de los centros residenciales en la CAV tengan un mismo nivel de calidad garantizado y, en ese sentido, compartimos el objetivo de homogeneizar los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir dichos centros en la CAV, estableciéndose a tal efecto un mismo régimen regulatorio en todo el territorio”, señala también el dictamen del CES.
Mujer, discapacidad y violencia: triple vulnerabilidad
Fuente:www.abogacia.es
Autora: Josefa García Lorente
Hablamos de triple vulnerabilidad porque nos encontramos en presencia de una persona en la que confluyen tres características que incrementan la exposición a unos riesgos superiores al resto de la población.
La respuesta legal a esta situación de violencia, se recoge en los diferentes marcos jurídicos que hacen referencia a los derechos, atención y protección a la mujer discapacitada víctima de malos tratos. Nos referimos brevemente a la legislación más importante al respecto:
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; tratado de Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento jurídico español y es da aplicación directa por los Tribunales, este nuevo instrumento implica importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y es una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer sus derechos. Así, en su preámbulo declara que los Estados parte preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición, convienen entre otros extremos; luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida.
La Convención, en su articulado, va estableciendo su vinculación con la discriminación por género y edad, señalando pautas de protección y defensa frente a los comportamientos discriminatorios, la violencia, el abuso, así en su artículo 6, establece que los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Señala también, que los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención, indicando en su artículo 16, la obligación de proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género, impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, asegurando que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
La Convención contempla la situación de los Personas con Discapacidad en diferentes aspectos, desde el relativo a la Salud en su artículo 25 en el que establece que los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, proporcionando los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad; servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; hasta el Nivel de vida adecuado y protección social en su artículo 28, asegurando el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza.
La Constitución Española de 1978 reconoce en diferentes artículos (14, 15, 32) la igualdad legal entre hombres y mujeres, el derecho a la dignidad de la persona, a la vida, etc.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género señala en su artículo 18 la garantía de que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
Por su parte, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, en la exposición de motivos señala que las medidas de protección específica se adoptan atendiendo al carácter de la persona, al delito y sus circunstancias, a la entidad del daño y su gravedad o a la vulnerabilidad de la víctima. Así, junto a las remisiones a la vigente normativa especial en la materia, se incluyen aquellas medidas concretas de protección para colectivos que carecen de legislación especial y, particularmente, las de menores de edad víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad y otros colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrófico.
El Código Penal contempla en los artículos 153 y 173, la discapacidad y la vulnerabilidad como susceptibles de protección incrementada y consciente de la necesidad de adecuar a la Convención Internacional sobre el derecho de las personas con discapacidad, el ordenamiento interno, en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el la Ley Orgánica 10/1995, de 24 de noviembre del Código Penal en su artículo 25, establece una terminología más adecuada utilizando términos como discapacidad y personas con discapacidad, con una definición más precisa de las personas que constituyen objeto de una especial protección penal.
Definición que si bien puede criticarse como hace el Consejo Fiscal, por distintos motivos, como; no diferenciar las deficiencias físicas, las mentales y sensoriales tiene la virtud de ir protegiendo de forma reforzada a las personas con discapacidad.
La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 sobre la orden europea de protección señala que en los procedimientos de expedición y reconocimiento de una orden europea de protección, las autoridades competentes deben prestar la debida atención a las necesidades de las víctimas, incluidas las personas especialmente vulnerables como, por ejemplo, los menores o las personas con discapacidad.
Además, las Comunidades Autónomas han desarrollado dentro de su ámbito competencial una serie de normas específicas de cada Comunidad y que han permitido, de este modo, desarrollar y ampliar las políticas contra la violencia de género a la luz de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Integral por virtud del cual se establece como principio rector el de “establecer un sistema integral de tutela institucional que impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia de género” y, el de “coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos y asegurar la prevención de los casos de violencia de género”.
Convenio de la ONU: Discriminación positiva
El tres de mayo de 2008, entró en vigor en España, el Convenio de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y define a las personas con discapacidad señalando que incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás; la norma configura un elenco de Derechos Fundamentales de aplicación directa.
La Convención señala que para promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, no considerándose discriminatorias, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad; es decir consagra la Discriminación Positiva.
En el ámbito concreto del Derecho de Defensa, como Derecho Fundamental, el artículo 13, de la Convención regula el Acceso a la justicia, ordenando a los Estados partes que aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, asi como a llevar a cabo los “Ajustes razonables” para personas con discapacidad, entendiendo por tales, la obligación que tienen no sólo los estados sino también los colectivos que se dedican a la aplicación del derecho, de poner a disposición de dicho colectivo todos aquellos mecanismos que configuran el acceso a la justicia y como consecuencia la protección jurídica.
El Parlamento Europeo en un informe sobre la situación de las mujeres en la Unión Europea señala que casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual.
Existen numerosos estudios realizados en algunos países de la UE y sobre todo en América, que muestran cómo las personas con discapacidad son receptoras de un mayor número de abusos que las personas sin discapacidad (en una ratio de dos a cinco veces más).
La confluencia de los distintos factores personales, familiares y sociales que inciden en las mujeres con discapacidad, especialmente aquéllas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, hace que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia, superando ampliamente los porcentajes de malos tratos que se barajan respecto de las mujeres sin discapacidad.
La OMS, en su último informe constata que; en todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.
La Macro encuesta de Violencia de Género de 2015, las mujeres que tienen un certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33% afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas (23,3%) en mayor medida que las que no tienen certificado de discapacidad (15,1%) siendo las diferencias estadísticamente significativas.
La prevalencia de la violencia de género es invariablemente superior en las mujeres con discapacidad acreditada mayor que el 33%, sea cual sea el tipo de violencia de género considerado y ya se trate de violencia ejercida por la pareja actual, por alguna de las ex parejas o por cualquier pareja en algún momento de la vida.
Cabe también señalar que esta vulnerabilidad no tiene un reflejo estadístico, ya que en los estudios sobre asesinatos de violencia de género, no existe reflejo de la condición de discapacidad de la víctima.
Las características asociadas con el abuso de mujeres con discapacidad son: la edad, la educación, la falta de movilidad, y el aislamiento social.
Una de las denuncias más recurrentes es la de que a veces, ese aislamiento de las mujeres con discapacidad que las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad, se debe a una sobreprotección que puede erigirse en una cierta manifestación de violencia psíquica.
Mecanismos de acción
La dependencia, que afecta especialmente a la mujer discapacitada, es un rasgo distintivo, tanto en el sentido físico o mental como también en el sentido social; lo que implica una mayor vulnerabilidad e indefensión que pueden provocar que la persona sea víctima de malos tratos con más facilidad.
Como los malos tratos suelen producirse en el ámbito doméstico o en la más estricta intimidad, sin la presencia o incluso con la complicidad de testigos, es la posible víctima la que debe tomar la decisión de romper su silencio. Es necesario realizar una denuncia y se ponen en marcha los medios adecuados para defender la dignidad y obtener la tutela de los valores y principios básicos que deben presidir la convivencia familiar.
El problema es cuando la mujer discapacitada no tiene capacidad física para poder realizar la denuncia o no percibe que realmente esta sufriendo un maltrato del tipo que sea, la solución solo puede ir en la dirección de sacarla del aislamiento en la que normalmente vive.
El maltrato en el ámbito familiar, necesita mecanismos para reducir el riesgo.Podemos distinguir los factores de riesgo en función a su cuidador y en relación a las personas que conviven con la mujer discapacitada, esos riesgos están relacionados con la persona encargada de cuidar y con la propia convivencia.
Entre otras líneas de acción para reducir el riesgo cabe destacar: la formación, la evaluación periódica de su la autonomía y dotarle de un sistema de apoyos.
En caso de sospecha de malos tratos, el caso se debe derivar a servicios sociales, que evaluarán la situación de riesgo y establecerán el plan de actuación.
En caso de certeza de malos tratos, debemos valorar el riesgo potencial y la inmediatez y establecer un plan de actuación junto con las otras instituciones implicadas y se tomarán las medidas adecuadas.
Si tenemos indicios de que la persona con discapacidad, no tiene sentencia que modifica su capacidad, existe obligación de comunicarlo a la Fiscalía, para que se inicie un proceso de capacidad con el objeto de protegerla. Por otra parte, si la persona está ya incapacitada, se deberá informar al Juzgado o a la Fiscalía para que se adopten las medidas oportunas, puesto que esta persona está tutelada.
En relación al cuidador es necesario establecer unas medidas de precaución, ya que si no cuidamos al cuidador este se puede convertir en maltratador
Otro tipo de abuso que puede producirse es el institucional, el que se da en hospitales, residencias o centros de día. El maltrato institucional hace referencia a la forma en que es atendida una persona con una estancia continuada en instituciones públicas o privadas de servicios de salud, sociosanitarios y servicios sociales (hospitales, residencias geriátricas, centros de día, etc.)
El problema es que la propia mujer discapacitada no es consciente ni de que le están maltratando, ninguneando o faltando al respeto
Los especialistas ven indispensable “que la sociedad tome conciencia” pero la recuperación del respeto y la toma de conciencia debe ir unida a la “implementación de recursos, pues una mujer discapacitada, y por lo tanto es dependiente, no puede ser cuidado tan solo por una persona”. El completo desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia es “fundamental” para la prevención de situaciones violentas
En el ámbito institucional se puede incidir sobre los profesionales directamente y sobre la regulación de la profesión.
La intervención profesional para asegurar protección y defensa, girara en torno a la prevención a partir de la visualización del conflicto, con la creación de nuevas herramientas de carácter preventivo, la detección y la consecuente intervención.
Estas pautas, son necesarias para reducir el maltrato de mujeres con discapacidad así como la puesta en marcha de medidas inmediatas; tales como:
El establecimiento de Servicios de Orientación Jurídica gratuitos para las personas con discapacidad como medio necesario para transmitir información jurídica y canalizar en el orden jurisdiccional el problema concreto.
Formación especializada a todos los implicados en el sistema de protección; Abogados, Jueces, integrantes de la Oficina Judicial, Fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Personal Sanitario, sensibilizándolos en relación a la discapacidad, facilitando la posibilidad de denuncia por parte de las victimas de maltrato.
Accesibilidad; con eliminación de barreras arquitectónicas, (Físicas, Psíquicas y Sensoriales) estableciendo medíos como; intérpretes de cualesquiera otros lenguajes, para el acceso a la justicia y lenguaje comprensible en las comunicaciones escritas.
Todos estos mecanismos de acción sin duda alguna tendrán un efecto terapéutico al objetivo de disminuir la lacra social que supone la violencia de género, en una de sus facetas más execrables, precisamente, aquella que se perpetra contra uno de los colectivos más débiles y desprotegidos: las mujeres que sufren cualquier clase de discapacidad.
Japón: Los ancianos que buscan entrar en la cárcel para no estar solos
Fuente: www.ideal.es
Autor: Susana Zamora
Crecen en Japón los delitos cometidos por ancianos que buscan intencionadamente entrar en la cárcel. Quieren compañía y sustento.
Asus de 80 años, lleva casi toda su jubilación entre rejas. Desde hace siete, Daiki pasea sus marcadas arrugas y la fragilidad de su cuerpo con la ayuda de un andador por el patio de la prisión de Onomichi (pueblo costero próximo a Hiroshima), adonde llegó por robar un poco de sushi. Reincidente en este tipo de pequeños delitos, fue condenado finalmente a pena de cárcel.Aquel día respiró aliviado. Por un tiempo, ya no tendría que preocuparse de nada.
La soledad y la falta de recursos económicos está empujando en los últimos años a cientos de ancianos japoneses a cometer delitos menores de forma intencionada para poder pasar el resto de sus días en la cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos y están acompañados», explica una trabajadora social de Onomichi, centro de reclusión especializado en personas mayores.
En él trabajan ocho horas al día, sin más descanso que el rato del almuerzo que discurre en un profundo silencio. El desafío en esta institución no es impedir las fugas, sino convencer a los reclusos para que se vayan y no vuelvan.
Desde 2013, las cifras de delincuencia senil superan a las de la juvenil. Japón es uno de los países con menor tasa de población penitenciaria del mundo (47 reclusos por cada 100.000 habitantes), pero también es uno de los que posee un mayor porcentaje de reos mayores de 60 años: uno de cada cinco. El número de delitos cometidos por este grupo social (en su mayoría en supermercados por un importe inferior a 45 euros) se ha cuadruplicado en las dos últimas décadas hasta superar los más de 46.000 anuales.
Para sobrevivir
Un informe publicado por el centro de estudios Custom Products Research, con sede en Tokio, advierte de que existe «una tendencia deliberada para terminar en prisión como forma de supervivencia» entre ancianos que buscan «un techo, tres comidas al día y asistencia médica gratuita ilimitada». Sus pensiones, en torno a los 609 euros mensuales, resultan insuficientes para pagar alquiler, alimentos y otros gastos básicos. Cada año, unos 6.400 presos salen de la cárcel sin un hogar al que ir y se estima que uno de cada tres reincide y vuelve en un plazo de dos años, según el Ministerio de Justicia nipón.
Para estas personas, una vida en prisión es mejor que la alternativa de vivir solos en libertad. La mayoría suele carecer de vínculos con familiares, amigos o vecinos antes de ser internados. «La falta de apoyo y las dificultades de acceso a los servicios sociales pueden influir más que la pobreza en que estas personas cometan crímenes y reincidan», aclara Tatsuya Ota, jurista de la Universidad de Keio (Tokio) tras un estudio hecho en las prisiones del país.
Japón cuenta actualmente con 127 millones de habitantes y es el país más longevo del planeta. En 1975, su población era la más joven de la OCDE, con un 8% de mayores de 65 años. Hoy los ancianos representan el 27% y en 2050 supondrán el 41%. «Por primera vez en nuestra historia, las ventas de pañales para adultos han superado a las de pañales para bebés», anunció hace un año Unicharm, el principal fabricante japonés de productos de higiene personal.
Pero el envejecimiento de la población no es la única justificación del aumento de presos de avanzada edad. Las autoridades atribuyen este fenómeno a los cambios en la sociedad, mucho más individualista que antes. Se ha roto la tradición de reunir bajo un mismo techo a tres generaciones de una misma familia. Algo que garantizaba a los abuelos que al final de su vida estarían bajo el cuidado de sus familiares más próximos.
Por otra parte, esta tendencia ha supuesto una carga económica añadida para el sistema penitenciario, en el que el gasto médico se ha duplicado entre 2006 y 2015 hasta alcanzar los 46 millones de euros. En general, la vida en la cárcel supone un gasto de unos 18.000 euros por recluso. Sin embargo, los presos ancianos disparan el presupuesto, ya que se les proporcionan ayudas médicas especiales debido a su edad.
«Que se den prisa en morir»
En este contexto, Taro Aso, viceprimer ministro de Economía, de 73 años, llegó a pedir en 2013 a los ancianos que «se den prisa en morir» para que el Estado no tenga que pagar su atención médica.
El incremento de la población reclusa de avanzada edad no es solo una tendencia en Japón; también en España, donde los presos mayores de 60 años han pasado de representar el 0,9% en 1985 al 3,8% en 2017. Pero a diferencia del caso de Onomichi, las cárceles españolas siguen sin estar adaptadas a las personas que se salen del «estándar sano y joven».
«No lo están ni sus infraestructuras ni los funcionarios de prisiones, que por el momento no reciben formación específica para atender las necesidades de este colectivo», revela Francisco Macero, secretario general de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
Él no ve descabellado lo que ocurre en Japón, «porque la vida en prisión te garantiza unos mínimos de subsistencia». «He conocido reclusos que después de haber estado muchos años en prisión, les ha costado adaptarse a la vida real. Cuando te habitúas a las reglas de la cárcel, salir a la calle es como cambiar de país», apunta este portavoz sindical. A algunos, como Eduardo Tagua, la libertad le vino muy grande y tras salir de la prisión de Granada hace una década reclamó su ingreso de nuevo en el penal «porque no sé vivir fuera; prefiero vivir entre presos y funcionarios, que son mi familia», declaró.
Artículos anteriores:
Año 2018
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Año 2017
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Año 2016
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Año 2015
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2014
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2013
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2012
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2011
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2010
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Año 2009
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Desgargue aquí las NORMAS DE PUBLICACION:
normas_infogerontologia.pdf
Desde infogerontologia, quisiéramos destacar que la sección ACTUALIDAD le mantendrá informado, siendo una herramienta útil que facilite el trabajo a todos aquellos interesados en el campo de la Gerontología. Puede suscribirse a nuestro BOLETÍN MENSUAL aquí
Muchas gracias por anticipado
Atentamente,
|
