artículos de actualidad
Octubre 2013
España autoriza el mayor recorte presupuestario para el sector salud
Fuente: TeleSUR TV
Mientras que reducen presupuesto para el sector salud en España, aumentan los recursos para partidos políticos en la nación.
Investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres alertaron los recortes podrían llevar al desmantelamiento de grandes partes del sistema de salud, con efectos perjudiciales sobre la salud de la población, y un aumento en el riesgo de muerte de los pacientes.
El Gobierno del presidente de España, Mariano Rajoy, autorizó el mayor recorte ministerial al sector sanidad, con un 35,6 por ciento menos del dinero destinado a esa área, según lo revelado este domingo en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El recorte se produce por la crisis económica que afecta a la nación europea, y que se ha empeorado debido a los altos índices de corrupción por parte de los partidos políticos y en los que se ha visto envuelto el mandatario nacional; quien a pesar de la baja económica, ordenó que la asignación anual a los partidos políticos creciera un 28 por ciento con la excusa de las elecciones europeas de la Eurocámara para el próximo año.
Además, mientras los cargos públicos verán afectado sus sueldos un año más, el Gobierno de Mariano Rajoy ha incrementado 1,6 por ciento el presupuesto de coches oficiales. Aun así el Gobierno español sostiene que el presupuesto de 2014 se ha presentado como el más ajustado.
En este sentido, un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (capital de Inglaterra), y otras instituciones, explicaron en el mes de julio, que el conjunto de recortes hechos por el gobierno español podría llevar al desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema de salud del país, con efectos potencialmente perjudiciales sobre la salud de la población, y un aumento en el riesgo de muerte de los pacientes.
Los cambios principales realizados por el gobierno español incluyen incrementos en los pagos parciales (copagos) que los pacientes deben hacer para financiar sus tratamientos en lo que se refiere a medicamentos, prótesis y algunos traslados en ambulancia. A los gobiernos autonómicos regionales se les ha exigido que hagan más recortes.
En Cataluña (sureste) y la Comunidad de Madrid (capital), esto ha propiciado una política de privatización de hospitales, aumentos en el tiempo transcurrido por los pacientes en las listas de espera para recibir algunos servicios médicos, recortes en los servicios de urgencias, y una reducción de las intervenciones quirúrgicas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó a finales de septiembre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, al presidente del Congreso, Jesús Posada, comenzando de esta forma su tramitación parlamentaria prevista para finalizarse antes del año.
Entre tanto, el país se enfrenta en frecuencia a marchas y protestas que piden mejoras tanto en el terreno de la sanidad y la educación, como movilizaciones antigubernamentales causadas por la crisis económica y la corrupción.
Dependencia: así se desmantela un sistema
Fuente: canariasahora.es
Autor: Salvador García Llanos
El dato es escalofriante: cuarenta mil personas menos reciben prestaciones de la Ley de la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, popularmente conocida, desde su publicación, en diciembre de 2006, como Ley de Dependencia. El Gobierno de Mariano Rajoy la reformó en julio del pasado año y los resultados no pueden ser más desalentadores: casi cuarenta y una mil personas han sido expulsadas del sistema de dependencia y han dejado de recibir la prestación a la que tenían derecho.
El desasosiego de quienes se han acogido a la norma, de los técnicos y trabajadores sociales que están cerca de las tribulaciones de las personas, de cargos autonómicos y de alcaldes y concejales se ha elevado de forma tal en los últimos meses que se está produciendo un fenómeno inquietante: huir de los afectados y de su entorno familiar para no enfrentarse, para escapar de la vergüenza que significa tener que restar o dar una respuesta negativa.
Esos son los efectos de la norma revisada, de los recursos limitados, de la insensibilidad gubernamental con los más necesitados. Y es que los requisitos de la reforma del Gobierno en esta materia han generado que, actualmente, haya más de ochenta y una mil personas menos con derecho a prestación de las que había en agosto del pasado año. Son los datos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los que manejamos: a 31 de agosto del presente año, había veintiocho mil quinientas noventa y cinco solicitudes menos.
Hay más, para entender el alcance de este auténtico desmantelamiento del sistema de dependencia. Dos mil cuatrocientos noventa y seis beneficiarios menos en sistemas de teleasistencia, mil ochenta y ocho ayudas a domicilio menos, doscientas cuarenta y dos plazas menos en centros de día, mil doscientas cincuenta y ocho plazas menos en residencias y casi dos mil quinientas prestaciones menos para cuidadores familiares. Ana Mato, ministra, no puede estar tirando voladores, desde luego.
No, porque a las cifras reveladoras de unos perjuicios muy extendidos, hay que unir la pérdida de unos mil quinientos empleos. Y tampoco porque la reacción de sus compañeros alcaldes con las previsiones que en materia de asuntos sociales contiene la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es bastante inquietante. Son conscientes de que estamos ante medidas muy impopulares con unas repercusiones directas entre los más vulnerables y desfavorecidos.
Algún iluso, bien informado, estimaba días pasados en una emisión radiofónica nacional que si los ministros y dirigentes de Partido Popular (PP) hablaban de presupuestos de recuperación, es que era posible retomar o acceder a algunas de las prestaciones suprimidas o denegadas. Que se desengañe y que sepa que no hay ni recurso al pataleo: a la infausta decisión de paralizar, en diciembre de 2011, la aplicación de la Ley para personas con dependencia moderada (más de cuatrocientas mil), siguió la eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013 la partida en el concepto acordado pues de doscientos ochenta y tres millones de euros de 2011 se pasó a cero en el siguiente.
La paralización por espacio de dos años de la Ley de Dependencia ha venido a ser la puntilla, una reforma más que empobrece y revela no ya incumplimientos sino lesivas frustraciones para muchísima gente.
Nuevo 'tijeretazo' del 47% a la ayuda a la Dependencia
Fuente: Diariocrítico.com
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge un recorte del 36,4 por ciento en la partida para Servicios Sociales y Promoción Social, que se quedará en 1.809 millones de euros el próximo año, con caídas que van desde el 1,54% registrado en prevención de violencia de género hasta el 47 por ciento que se contraerá el presupuesto para atención a la Dependencia.
En total, el Ejecutivo prevé gastar en 2014 un total de 179.875 millones de euros en Actuaciones de Promoción y Protección Social, aunque el grueso de esta partida corresponde a empleo y pensiones. Las áreas exclusivamente de servicios sociales y protección social se quedan en los citados 1.809,81 millones, un tercio menos que el año pasado, de los que el Ministerio de Sanidad aporta 450 millones, el 0,107 por ciento.
El presupuesto se articula en tres grandes áreas: Acción Social, donde se integra el sistema de Dependencia y la atención a colectivos que van desde personas con discapacidad, migrantes o infancia y familia; Promoción Social, que agrupa los programas de juventud, igualdad y lucha contra la violencia de género; y Gestión de los Servicios Sociales, que se centra en el IMSERSO.
El área de Acción Social contará con un presupuesto de 1.712 millones de euros de los que 1.176 irán destinados al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que sufre un recorte del 46,6%. El Ministerio de Sanidad lo atribuye a la desaparición de los más de 1.034 millones de euros que se tuvieron que consignar el año pasado para pagar a la Seguridad Social la cotización de los cuidadores familiares de personas dependientes que se adeudaba desde la legislatura anterior.
La dependencia no se negociará con las autonomías
Así, la partida que sufre la mayor reducción, con un 99,48%, es la de transferencias corrientes a "familias e instituciones sin fines de lucro", reduciendo a casi la mitad la aportación económica del Estado al Sistema de Dependencia. Mientras, el llamado "nivel mínimo", monto básico que Sanidad transfiere a las comunidades autónomas para la gestión, se mantiene en el proyecto en algo más de 1.087 millones de euros.
El proyecto recoge además, la suspensión de determinados artículos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como los que establecen que la asistencia a los dependientes se prestará en función del nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los convenios que se firmen en el marco del Consejo Interterritorial de Dependencia.
Respecto a los Servicios Sociales de la Seguridad Social a Personas Mayores, se consignan 117.216 millones de euros, un 2,13 por ciento más que el año anterior. También se incrementa la partida para Atención a la Infancia y a las Familias, que ascenderá a 5.872 millones de euros, tras un aumento del 32,62 por ciento (1.444,49 millones más).
También en el ámbito de Acción Social, el proyecto recoge un recorte del 2% en el presupuesto para los emigrantes españoles, con 875.000 euros menos para las prestaciones por razón de necesidad y para los 'Niños de la Guerra'.
En cuanto a los inmigrantes, se estima un presupuesto de 61,7 millones de euros (un 1,19% menos) de los que 1,14 se consignan expresamente para menores no acompañados. En paralelo, se eliminan los fondos para integración que se transferían a los ayuntamientos: 2,5 millones de euros que ya no figuran en el presupuesto.
Ya en el bloque de Promoción Social, el proyecto ha consignado una dotación de 68,88 millones de euros con los que se han de cubrir, desde el Ministerio de Sanidad, las áreas de Mujer, Violencia de Género y Juventud, sección esta última que dispondrá de 27,9 millones de euros tras experimentar un recorte del 2,08 por ciento.
Se mantiene Igualdad y se reduce violencia de género
Las políticas de Igualdad, por su parte, han sido presupuestadas en 19,07 millones de euros, con un aumento del 0,64 por ciento respecto del ejercicio anterior. No obstante, se reduce un 21,5 por ciento el capítulo destinado a "transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro", con una reducción de 800.000 euros en "programas para aplicación de la igualdad de oportunidades" y de 106.000 euros en los estudios de posgrado y becas de formación del Instituto de la Mujer.
En cuanto a la prevención de la Violencia de Género, el proyecto recoge que se destinarán 21,85 millones de euros, 342.920 euros menos que en el ejercicio precedente. En total, se trata de una caída del 1,54 por ciento que se debe en gran medida a las transferencias de capital a entidades o administraciones públicas, que caen un 3,59%.
El último bloque de la política social del Gobierno es el relativo a Gestión de Servicios Sociales, que se recorta un 8,57 por ciento, con un presupuesto de 28,7 millones de euros, 2,7 millones menos que en el año 2013 con los que deberá sostener sus actividades el IMSERSO.
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