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Enero 2013
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria se posiciona sobre las políticas de privatización de la gestión de los servicios sanitarios
Fuente: Junta y Asamblea SESPAS
El discurso de la superioridad de la gestión sanitaria privada frente a la pública se ha instalado como un lugar común en muchos de los discursos realizados por responsables sanitarios. Con la experiencia acumulada en España, a estas alturas el debate debería haber dejado de ser una cuestión con elevados tintes ideológicos y poder ser abordada de manera empírica, a la vista de los resultados relevantes aportados sobre el funcionamiento de las diversas configuraciones de gestión de carácter privado ensayadas.
Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y ”da buenos resultados clínicos”, pese a su reiteración aun no se ha dotado apenas de evidencia que la sustente. Quienes en nuestro país aplicansus saberes e instrumental analítico a la evaluación de políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones. En buena medida por insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria para verificarlas, lo que parece traducir un importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático.
La limitada información disponible sobre este tipo de experiencias en nuestro país hasta ahora solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios, puede suponer al reducir la eficacia de la supervisión sobre los servicios prestados. La conveniencia política de declarar acertada la decisión adoptada exacerba el enorme riesgo de “captura del regulador”, fenómeno que describe la influencia de las empresas de un sector sobre la agencia gubernamental a cuyo control están sometidas, pudiendo, en casos extremos convertirse el regulador en defensor de los intereses de la empresa dominante antes que de los propios encomendados.
Así, los expertos extranjeros con experiencia acumulada en este tipo de modelos, tras visitar el centro con más larga trayectoria comunicaron su “fuerte impresión de que el detalle de estas relaciones contractuales era demasiado negociable” como para resultar admisible en una administración pública como la británica. (1)
En este sentido abunda la afirmación, contenida en reclamaciones formuladas por las empresas contratadas para las concesiones ya operativas en otra Comunidad Autónoma, respecto a que “transcurridos tres años desde la apertura de los nuevos 7 hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto, mostrar en estadística”. (2)
También la revisión encargada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia a expertos independientes del ámbito académico (3) considera que “de los modelos de concesión administrativa sanitaria apenas se dispone de otros «estudios» que los publicados desde el entorno de las propias entidades implicadas, más cercanos a la propaganda que al análisis”. El único intento serio de evaluación del denominado “modelo Alzira” (4), recurriendo al enfoque denominado “narrativa y cifras”, concluye que el proyecto original –muy similar al ahora propuesto - jamás habría sido viable de no ser por la renegociación del contrato de concesión que supuso un elevado coste a la administración pública, con lo que resulta difícil afirmar que haya tenido lugar verdaderamente una transferencia de riesgos.
En definitiva, las estrategias de gestión sanitaria privada, especialmente las cada día más propugnadas de colaboración público privada, contrariamente a lo que publicitan sus defensores, no han demostrado en la práctica ventajas que aconsejen su adopción. De un lado, las fórmulas de concesión de obra pública han dado lugar a notables problemas financieros derivados de los mayores costes de financiación (Reino Unido) o a disfunciones asociadas a restricciones en la competencia en el mercado (Italia). Por otra parte, los modelos de concesión administrativa sanitaria (“modelo Alzira”) presentan más sombras que luces.
Queda pues como único dato incuestionable la reiteración hasta la saciedad por parte de los decisores públicos empecinados en implantar un modelo de indemostrada eficiencia, del reconocimiento explícito de que cualquier forma de gestión externa es mejor que la que ellos son capaces de llevar a cabo. Algo que puede ser cierto, pero resulta contingente y aconseja otras soluciones. Inicialmente sustituir a quienes reconocen tales limitaciones antes que reformular sin evidencia todo el modelo de prestación asistencial para suplir dichas incompetencias confesadas.
Antes de adoptar medidas de elevado riesgo, largo compromiso y resultados inciertos, debe exigirse la inmediata aportación a los actores sociales, investigadores con capacitación en disciplinas políticas, económicas y sanitarias y a la ciudadanía en general, de la información que permita juzgar si son ciertos los beneficios aducidos y correctas las medidas ya adoptadas. Su contumaz ocultación supone un atropello flagrante al incuestionable derecho de los ciudadanos a la información y el incumplimiento de la obligación de los decisores públicos a rendir cuentas.
Las sociedades firmantes de este documento no proponen nada insólito, por tanto. Únicamente nos remitimos al cumplimiento del contrato social pactado entre los ciudadanos y sus representantes en los programas electorales, cuando en ellos se alude al énfasis en promover la transparencia, la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
La cuestión clave es cómo mejorar la gestión existente. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Se logrará, en todo caso, introduciendo fórmulas de financiación capitativas debidamente ajustadas por riesgo y no mediante presupuestos históricos o contratos de gestión ficticios y revisables a conveniencia. Se logrará evaluando y retribuyendo desempeño en función de los resultados de salud obtenidos y no sobre la base de actividad y procesos. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente. Esto aún está por demostrar en España.
1NHS GLOBAL: The search for low-cost integrated healthcare The Alzira model from the region of Valencia. The NHS Confederation.Bruselas 2011) http://www.nhsconfed.org/Publications/Documents/Integrated_healthcare_141211.pdf
2DOCUMENTO SEOPAN. Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional: Escrito de su Presidente al Consejero de Sanidad de la CAM, 13 de abril 2011. Anexo sobre “Ajuste de volumen por incremento de actividad” http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/05/06/cartahospitales.pdf
3Abellán Perpiñán JM, Martínez Pérez JE, Méndez Martínez I, Sánchez Martínez FI, Garrido García S. Financiación y eficiencia del sistema sanitario público de la Región de Murcia. Consejo Económico y Social. Colección Estudios Número 32. Murcia 2011 http://www.cesmurcia.com/estudios/estudios_32/0_Estudio_32.pdf
4Acerete B, Stafford A, Stapleton P. Spanish healthcare Public Private Partnerships: the ‘Alzira model’ Critical Perspectives on Accounting. 2011, 22 (6): 533–549 https://research.mbs.ac.uk/accountingfinance/Portals/0/docs/Spanish%20healthcare% 20Public%20Private%20Partnerships%20the%20Alzira%20model.pdf
Estudio sugiere que beta bloqueadores previenen demencia senil
Fuente: BBC. Traducido por Sophimanía
Según un estudio que será presentado en la reunión anual de marzo de la Academia Americana de Neurología de Estados Unidos, los hombres que toman beta-bloqueadores son menos propensos a desarrollar demencia.
Pero los hallazgos son preliminares y se requiere de más estudios con poblaciones más amplias y diversas para confirmar y determinar con más precisión los beneficios de los beta-bloqueadores, respecto a los cuadros de demencia, como la demencia senil por ejemplo.
Usualmente, los beta bloqueadores son recetados a personas con presión alta, arritmias, insuficiencia cardiaca, etc., aunque su uso no está libre de riesgos y/o efectos secundarios.
La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro, reduciendo el suministro de oxígeno a las neuronas, las que eventualmente pueden comenzar a morir, provocando un cuadro llamado “demencia vascular“, que es la demencia más común después del Alzheimer.
Otra investigación de la Universidad de Hawaii en una muestra mucho mayor de hombres -800,000- sugiere lo mismo, pero basándose en otro tipo de fármaco de la presión arterial conocido como “bloqueador del receptor de angiotensina” (ARB). Según ese estudio, el ARB puede reducir el riesgo de demencia, incluyendo Alzheimer, hasta en un 50%. Y eso no es todo.
En relación a la demencia, un último trabajo de investigación hecho en los cadáveres de 774 hombres estadounidenses de origen japonés encontró que todos los tipos de medicación para la presión arterial fueron mejores que ningún tratamiento.
Es decir, los cerebros de las personas que tomaron medicamentos para la presión presentaban menos daños en sus tejidos nerviosos. Ahora bien, entre los que tomaron fármacos para la presión, los que tomaron beta bloqueadores mostraron menos anormalidades cerebrales que los que habían tomado un diferente fármaco o ninguno.
Aunque el hallazgo es prometedor, se requiere de investigaciones más amplias y profundas. Los científicos insisten en subrayar que era muy prematuro precribir beta bloqueadores para prevenir la demencia.
Por qué la cesión de uso es una alternativa real a la hipoteca
Fuente: el dirario.es
Autor:Pau Llop
Infogerontologia.com, ha considerado de interés este artículo que pone de manifiesto las ventajas de una alternativa desconocida para muchos. Siendo España un país donde el deshaucio está al orden del día y donde paradójicamente proliferan las viviendas vacías, muchos mayores que por distintas circunstancia se están viendo sin techo, deberían estar informados y asesorados al respecto.
La cesión de uso es un modelo casi centenario en países más avanzados, más asequible, que permite heredar y que evita la especulación, y está luchando por abrirse paso en España. Más de 2,5 millones de viviendas en Alemania funcionan en cesión de Uso. En España, el modelo lucha por extenderse
¿Se imaginan disfrutar de por vida de una vivienda en una buena zona de una gran ciudad española por sólo 2.000 euros de entrada y 225 de cuota mensual? Varios vecinos del barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona tienen su hogar por esas condiciones. La casa no les pertenece a ellos, pero tampoco a ningún banco. Es propiedad de una cooperativa que les cede el uso de por vida. Un derecho que, además, es heredable de padres a hijos y hasta permutable si uno necesita otro tipo de vivienda tiempo después.
"En España hay más de 3 millones de viviendas vacías, unos 300 desahucios al día [el 70% debido al desempleo] y una demanda actual de 260.000 viviendas sociales". Ese es el panorama al que iniciativas como la de Sostre Cívic ("techo cívico" en castellano) tratan de dar solución. Las palabras de arriba me las dice en entrevista Raül Robert, un ingeniero industrial metido a emprendedor social, Ashoka fellow (disclaimer: quien escribe también lo es) y presidente y socio fundador de esta organización cuyo principal modelo es la cesión de uso de viviendas.
La casa por los cimientos
Resumiendo su funcionamiento: una familia, o un grupo de personas o la propia organización buscan y encuentran viviendas cuyo propietario está dispuesto a ceder su uso a cambio de cánones anuales y mantenimiento "y reformas de las viviendas si hiciera falta, esto se negocia con el propietario", puntualiza Robert. Firman un acuerdo y esa vivienda pasa a formar parte del patrimonio de una cooperativa de cesión de uso que se crea a tal efecto o ya existente. Cualquier persona puede apuntarse como "socio expectante" por solo 100 euros ("reembolsables si decide abandonar", aclara Robert) y cuando le llega su turno, se le ofrece una de estas viviendas. Las condiciones para poder aceptarla: pagar una entrada y una cuota mensual, "y participar en su reforma y mantenimiento si fuera el caso", recuerda Robert. A cambio, puede permanecer en la vivienda de por vida y ceder el uso a sus hijos llegados el momento, y así consecutivamente. También contemplan la promoción y construcción de sus propias viviendas si es necesario, "pero es obvio que donde se pueda es preferible dar uso al stock existente".
Respecto a la opción más habitual del simple alquiler, las ventajas de cesión de uso radican sobre todo en "la seguridad de que el propietario no te va a echar de tu casa al no renovar tu contrato y que la vivienda va a estar siempre mucho mejor cuidada por toda la comunidad", según Robert. Y respecto a la compra-venta habitual de vivienda, "que en España supone un 85% del mercado", explica Robert, las ventajas de este sistema parecen más obvias: los precios de las entradas y de las cuotas son mucho menores que en las hipotecas, y además si no puedes pagar, obviamente no se aplica la ley hipotecaria porque la casa no es oficialmente tuya. Y el manido "es que así tengo algo que dejar en herencia" también se iguala, pues la cesión de uso es, como decíamos, heredable. Además, este modelo propicia la creación de una comunidad muy fuerte que sirve de base para otras experiencias sociales, como por ejemplo las finanzas compartidas o la creación de comunidades autofinanciadas, un apasionante tema del que hablaremos en un futuro post. Como corolario, con este sistema es imposible la especulación urbanística, germen de la crisis actual.
Un modelo habitual en países desarrollados
"Pese a que somos un país no especialmente rico, un mercado tan insostenible macro y micro económicamente como la compra-venta domina aquí, con las consecuencias que ya sabemos, mientras que, paradójicamente, en países mucho más ricos que España, la cesión de uso está muy implantada. En Alemania es un modelo con más de 90 años de tradición y hay unos 2,5 millones de viviendas bajo esta fórmula; en Copenhague el 30% del parque de viviendas es cesión de uso”, contextualiza Robert.
¿Por qué en España no ha sido así, quién se beneficia de ello? "En España las administraciones públicas se han empeñado siempre en la compra-venta de VPOs. 30 años después, este modelo sigue necesitando enormes cantidades de financiación anual para seguir rodando. Es dinero público que se pierde o va a parar a la especulación porque estas viviendas, pasado un tiempo, entran en el mercado libre, mientras que en sistemas de cesión de uso la inversión es cada vez menor y se generan excedentes que se pueden reinvertir en proyectos sociales o comunitarios de las propias cooperativas de vecinos, por ejemplo", explica Robert, y añade: "hasta el estallido de la burbuja, los beneficiarios del modelo español eran claramente las entidades financieras y los promotores". Quizá también los políticos que podían vender crecimiento económico sin tener que innovar lo más mínimo. "Pero hoy estos actores también están sufriendo las consecuencias de un modelo claramente insostenible para un país como España".
Siendo así, cabría esperar pues que la banca, hoy en día la mayor inmobiliaria del país, accediese a firmar acuerdos con entidades como Sostre Cívic. Al fin y al cabo, saben que el piso va a estar vacío y de esta manera se ahorran provisionar los fondos necesarios para cada desahucio y además reciben un canon anual y se mantienen las propiedades en perfecto estado. Pues, pese a estar siendo rescatadas estas entidades con dinero público, la respuesta ya la saben: no. Explica Robert: "Conseguimos firmar algo así un par de veces, pero hace ya dos años. Un banco hoy prefiere vender la propiedad a un particular, al que puede perseguir, echarle de casa y cobrarle la deuda restante, mientras que a una entidad jurídica, como lo es una cooperativa, no. De hecho a los promotores, también entidades jurídicas, les aplican grandes quitas".
Dinero público, especulación y el 'banco malo'
Por otro lado, ya que el mercado está muy parado y vender a particular es muy difícil, "los bancos entonces prefieren empaquetar su deuda hipotecaria y venderla en el mercado con quitas para el comprador, que suelen ser fondos de inversión especulativos, de entre el 60 y el 80 por ciento". Lo peor es que con el advenimiento del 'banco malo', esta práctica antisocial la vamos a financiar entre todos: "El estado avala con dinero público al 'banco malo', quien absorbe esos paquetes de deuda hipotecaria de difícil cobro y los vende con grandes quitas en el mercado libre". Es decir, con dinero público se financia una enorme operación en la que las entidades financieras privadas se deshacen de sus hipotecas -impagadas por su mala gestión al concederlas- e inversores especulativos internacionales obtienen márgenes de beneficio en torno al 10-15 por ciento, mientras la desgarrada deuda pública española sufre el azote de la prima de riesgo y todo lo que ello conlleva, entre ello los recortes sociales.
Puntos de encuentro con la PAH
Llegados a este punto, es obvio que los miembros de Sostre Cívic tienen bastante en común con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): "En su día pedimos conjunta y públicamente que este 'banco malo', ya que lo pagamos todos, debería asegurar el techo a las personas más vulnerables a cambio de un 30% de su renta". No obstante, no es fácil todavía la búsqueda de soluciones conjuntas porque "las personas a las que ayuda la PAH están en el tramo más delicado y angustioso del proceso, quizá no en el mejor momento de pensar a largo plazo". No obstante siguen intentándolo: "Hace poco empezamos a trabajar más en serio con la PAH de Málaga".
Diputaciones y ayuntamientos empiezan a mover ficha. Hasta la ONU
Pese a ese a la codicia sin límites de un sistema financiero desatado de normas y reglas y pese a la incompetencia de algunos políticos (¿o gestores?) de la mayoría de las administraciones públicas, algunos actores de estos dos ámbitos empiezan a moverse: "En el caso de las entidades financieras, la banca ética está empezando a tener músculo y a fijarse un poco en proyectos como estos y algunas administraciones, también". Por ejemplo, la Diputación de Barcelona. Hasta hace poco, la vivienda social que impulsaba esta administración se construía con la financiación de las cajas, ahora fallidas o en apuros, y se vendía como VPO. Ahora no hay financiación ni compra de VPO, "por lo que han visto claro que la apuesta debe ser el alquiler y la cesión de uso" y han firmado convenios con Sostre Cívic, "como algunos ayuntamientos también, que por ejemplo desgravan hasta el 90% del IBI al propietario que cede su vivienda al programa".
Sostre Cívic lo conforman actualmente 80 unidades de convivencia (no necesariamente familias, pueden ser compañeros de piso o casa) repartidas en 9 proyectos diferentes entre Manresa, Barcelona, Figaró, Andalucía y País Vasco, y tienen más de 1.000 "socios expectantes", que pueden ser de cualquier edad (aunque para llegar a usuarios finales deberán ser ya mayores de 18). Si el proyecto sigue asentándose, si los políticos realmente quieren algún día legislar para paliar el drama de la vivienda en este país y si cada vez hay más propietarios dispuestos a la cesión de uso, esos 1.000 irán corriendo en la lista y obteniendo hogares para vivir toda la vida en unas condiciones socialmente justas y asequibles. Y a ellos, inicialmente les habrá costado 'solo' 100 euros (recuperables si desisten).
"En un país en el que aún mucha gente aún paga ‘los muertos’ [el entierro de uno] desde que se nace, o donde muchos padres hacen socios de un club de fútbol a sus hijos, quizá no sea mala inversión para el futuro de un niño o un joven el registrarse como ‘socio expectante’ y que, al llegar a los 18 o 20 años se le pueda ofrecer una vivienda en las condiciones que manejamos". La Relatora Especial de Naciones Unidas para una vivienda digna, Raquel Rolnik, ya dijo en su informe de agosto pasado que en España se hace ya imprescindible un mercado que abarque muchos más modelos colectivos de acceso a la vivienda.
Actualmente, en Sostre Cívic las entradas oscilan entre los 1.000 y los 35.000 euros y las cuotas mensuales entre los 175 y los 475, dependiendo del tipo de vivienda, su estado, si el usuario trabajará reformándola y la zona en la que esté. Sin hipotecas. Sin bancos. Sin especulación. Con comunidad. Con asesoramiento. ¿Con recorrido?
Hachazo a la ley de Dependencia: Arruinados, enfermos y obligados a pagar los medicamentos
Fuente: estrelladigital.es
Autoras: Marina García-Rico/Bea Ruiz Aranda
La Sanidad pública, gratuita, universal y de calidad ya es una utopía. Dos personas narran a ESTRELLA DIGITAL la doble desgracia, física y económica, de sufrir un cáncer o una afección crónica en España
Siete mil millones de euros. Esa es la cantidad que pretende ahorrar el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de sanidad. Los recortes se aplican en diversos campos del ámbito sanitario: desde la reducción de la financiación de fármacos hasta la retirada de la tarjeta sanitaria a los indocumentados.
Siete mil millones de euros. Esa es la cantidad que pretende ahorrar el Gobierno
A través de un Real Decreto Ley, el Ejecutivo pretende mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con las siguientes medidas:
Copago farmacéutico de forma proporcional según la renta del ciudadano. Privatización del transporte sanitario no urgente y el pago de prótesis ambulatorias.
Los fármacos destinados a paliar síntomas menores son excluidos de la prestación (mucolíticos, antitusivos, descongestivos, antidiarreicos y lágrimas artificiales).Los extranjeros que no tengan papeles quedan excluidos de la sanidad, aunque sí queda garantizada la asistencia en el embarazo, el parto y el post parto. Los jóvenes mayores de 26 años que ya no se encuentren cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres están obligados a presentar y acreditar su falta de ingresos si quieren acceder a la sanidad pública. Los turistas sanitarios procedentes de la UE deberán acreditar una residencia en nuestro país de más de tres meses.
"El pago de medicamentos nos va a llevar a la ruina"
Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres de Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), cuenta a ESTRELLA DIGITAL el sinvivir en el que se encuentra su familia. Su hija Teresa es una niña de 11 años dependiente que padece una enfermedad crónica que le impide alimentarse por vía digestiva y necesita nutrición parenteral (por vía venosa). "El coste del tratamiento es muy elevado, entre 25.000 y 30.000 euros al año. Se necesitan unos cuidados estériles y una capacitación para realizar la conexión y desconexión de la nutrición parenteral que solamente se da en hospitales de referencia. Eso aumenta más el coste del tratamiento", explica Francisco. "Además de pagar los medicamentos de atención primaria, el pago de los medicamentos que nos dispensan desde la farmacia hospitalaria va a llevar a mi familia a la ruina. Mi hija padece una enfermedad crónica gravísima y si no se le realiza la terapia y los cuidados, fallece".
La familia de Teresa se trasladó desde Zaragoza al hospital La Paz de Madrid para someterse a un posible trasplante intestinal: "Durante los dos años que vivimos en Madrid, tuvimos que pagar todos los medicamentos a través de las recetas que nos proporcionaba el pediatra, a excepción de las bolsas de nutrición parenteral. En Zaragoza no se nos requería ninguna aportación económica, recibíamos los medicamentos ambulatorios del servicio de farmacia del hospital sin ningún coste".
Francisco muestra su preocupación ante la posibilidad de no poder hacer frente al pago de los medicamentos de su hija: "Si se nos hace co-pagadores de esas medicinas no sé cómo vamos a vivir. Dejé de trabajar por voluntad propia para poder hacerme cargo de mi hija. Sólo trabaja mi mujer. Recibí una carta de la Seguridad Social en la que me informaban de que tenía que pagar el 85% de mis cuotas y mi cotización en concepto de cuidador. Ya me hacen pagar el 50% de los medicamentos".
"Nos han dilatado las dietas que nos daban por tener que salir de nuestra comunidad para ser atendidos, llevamos más de un año sin cobrarlas", señala el presidente de AEPANNUPA. Además, asegura que ahora tienen que pagar las ambulancias para trasladarse a su hospital de referencia en Madrid.
"Me operaron de un tumor en la espalda y me dieron el alta"
Al valenciano Paco Sanz le diagnosticaron con 38 años el síndrome de Cowden, un cáncer genético considerado como enfermedad rara. Debido a la falta de soluciones a su enfermedad ofrecidas en España, decidió viajar a Estados Unidos para formar parte de un tratamiento experimental: "Cuando me lo concedieron, intenté pedir ayudas en la Generalitat Valenciana y me dijeron que la única solución es que acudiera al juzgado y que en 7, 8 ó 9 años ya se vería si me podrían ayudar. Ante eso, vendí todo lo que tenía y con la ayuda de mi familia me fui a Estados Unidos. El tratamiento fue un éxito". "A veces tengo que aguantar sin tomar la medicación, con unos dolores horribles, porque no me lo puedo pagar"
Sin embargo, la falta de recursos hizo que tuviera que volver a España y se encuentra en una situación preocupante: "Me gasté todo lo que tenía y lo que no tenía. Ahora estoy arruinado totalmente y mi pensión es para pagar todas las deudas. Cobro 550 euros al mes, tengo que pagar una casa, tengo un hijo, tenemos que comer. Ahora me toca pagar los medicamentos que antes no tenían coste, aunque sea un tanto por ciento. A veces tengo que aguantar sin tomar la medicación, con unos dolores de estómago horribles, porque no me lo puedo pagar. Hasta las gasas para hacerme las curas corren de mi bolsillo", cuenta Paco Sanz.
Además Paco Sanz explica cómo la falta de personal sanitario provocó que le dieran el alta después de una operación: "Me operaron de un tumor en la espalda y, en vez de dejarme ingresado con un tubo de drenaje que me habían puesto, me mandaron a casa porque no hay dinero para más gente". Esa es una realidad que a día de hoy afecta tanto al personal sanitario como a los pacientes. Durante todo el año 2012, las comunidades autónomas han recortado 17.336 interinos. Ha sido un año fatídico para ellos, puesto que sólo en el primer trimestre del año se redujo la cifra de 15.071 profesionales frente a las 2.265 plazas que se eliminaron en el segundo semestre de 2011.
Reducción del presupuesto
Según un informe elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, más de la mitad de las comunidades autónomas han recortado los presupuestos destinados a la sanidad en 2012, por lo que se va a producir una disminución del 2,25 por ciento con carácter general.
Sin embargo, los recortes en los presupuestos sanitarios no afectan por igual a las comunidades autónomas. Las que más verán reducido su presupuesto son Murcia, Cataluña, Navarra, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Canarias, Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón. Se estima que el recorte que se ha producido en sanidad alcanza el 15% de reducción de presupuesto.
Por el momento, el sector que no se verá afectado por los ajustes es el de la prevención del cáncer de mama. No se revisarán las pruebas de mamografía y continuarán siendo gratuitas.
Las medidas de austeridad de Europa comprometen "gravemente" los derechos de las personas con discapacidad
Fuente: sid.usal.es / Servimedia
Los 80 millones de discapacitados europeos corren un serio riesgo de caer en la pobreza, en la exclusión social y en la discriminación como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos europeos. Así lo señala un estudio encargado por el Consorcio Europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y Discapacidad del Centro Europeo de Fundaciones, liderado por la Fundación ONCE.
El informe revela cómo "la tan reducida inversión en el bienestar y en los servicios sociales de algunos de los estados miembro está resultando en un desproporcionado incremento en el número de personas con discapacidad que están perdiendo su trabajo, ayudas y accesos a servicios fundamentales".
El estudio se ha llevado a cabo por un equipo de investigadores europeos apoyados por expertos nacionales en seis estados de la Unión Europea y analiza el impacto concreto en términos de trabajo, vida independiente, educación, atención primaria y asistencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.
"El estudio claramente demuestra que la crisis económica, junto con las decisiones políticas y sociales tomadas como consecuencia de la misma, están perjudicando seriamente los derechos fundamentales tanto civiles, políticos, sociales como económicos de las personas con discapacidad", advierte Miguel Ángel Cabra de Luna, co-presidente del Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
En su opinión, ahora no es el momento de retroceder en el campo de las discapacidades "sino de aspirar a mejorar". "Ello significa colaborar más estrechamente los unos con los otros y buscar vías alternativas y creativas tales como la innovación social y los negocios sociales", añadió.
Según las principales conclusiones del estudio, un 21,1% de personas con discapacidad en la UE corren un riesgo de caer en la pobreza en comparación con aquellas personas sin discapacidad (14,9%).
Asimismo, el informe recoge cómo los ratios de pobreza aumentaron entre el año 2008 y el 2010 en varios países como en Irlanda (+26,16%), Dinamarca (+21,27%), Lituania (+21,01), España (+11,35%), Chipre (+8,11%), Hungría (+6,03%) y Malta (+5,10%).
Además, la supresión, ya sea parcial o total, de servicios sociales se ha denunciado en Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía. Fusiones o reorganizaciones de dichos servicios también han sido denunciadas. Dichos servicios incluyen centros de guarderías, residencias, formación profesional, centros de rehabilitación, guarderías especializadas y colegios.
El documento, presentado en el Parlamento Europeo de Bruselas, también recalca que existe una creciente tendencia a privatizar o externalizar los servicios sociales en Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía.
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