artículos de actualidad
Agosto 2011
Una casa para no volver al armario
Una fundación monta una cooperativa para construir una residencia destinada a mayores homosexuales en un terreno alquilado al Ayto. de Rivas
Autor: Sara España
Fuente: El País
"Cuando un homosexual se hace mayor y entra en una residencia de la tercera edad, vuelve al armario", cuenta Federico Armenteros.
Él no quiere vivir así su vejez. Tampoco quiere que otras personas sientan la "homofobia" de los centros gestionados por la Iglesia Católica, o de otros mayores intolerantes. Por eso planea construir una residencia con preferencia para el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ya les ha cedido un terreno durante 75 años, en una concesión administrativa, para construir el centro.
El proyecto costará 14 millones y cada apartamento cerca de 120.000 euros
Buscan 99 socios más de entre 40-45 años "que arrimen el hombro"
Armenteros es el presidente de la Fundación XXVI de Diciembre -toma el nombre del día en que se derogó la ley de peligrosidad social- y uno de los 11 socios constituyentes de la cooperativa que asumirá los costes de la residencia.
El proyecto está en marcha, aunque todavía no tienen los 14 millones aproximadamente que supondrá llevarlo a cabo ni han comenzado las obras. Lo que sí tienen es el suelo, 16 socios y unos folletos de presentación en los que se ven los planos de las habitaciones y un edificio con cristaleras con la bandera del arcoiris "como símbolo de la diversidad".
Las "unidades habitacionales" tendrán 45 o 50 metros cuadrados y serán como un apartamento loft, con baño y cocina integrada. Habrá un máximo de 115, con plaza para dos personas. El equipamiento será de "lujo", según Armenteros, educador social de 52 años, presidente de la fundación y de la cooperativa.
El tesorero de la fundación y secretario de la cooperativa, Inocente Aguado, de 42 años, asiente con la cabeza al oírle hablar. Ninguno tiene edad de jubilarse, pero los dos dan el perfil para sumarse a la cooperativa.
Pertenecen al colectivo LGTB y tienen más de 40 años. Buscan gente válida "física y mentalmente" que se implique en el proyecto y "arrime el hombro". "Luego ya cuidaremos unos de otros", precisa Armenteros.
La "pequeña ciudad", que podrá tener hasta 230 personas, dará trabajo a otras 30 que cubrirán todos los servicios y atenderá las necesidades de los dependientes, según cuenta el presidente del proyecto. Las habitaciones están "adaptadas" y todo es "diáfano salvo el baño", explica Armenteros. La residencia comunitaria tendrá enfermería, biblioteca, salón de actos, gimnasio, spa, peluquería y cafetería-restaurante para que los usuarios "no cocinen en casa y vivan en comunidad".
Benito Rogado, director del proyecto, del Grupo Salzhenia que gestiona la cooperativa, traduce en euros las palabras de Armenteros. Cada usuario pagará "en torno a 120.000 euros" por un apartamento que adquirirá en régimen de concesión administrativa durante 75 años. Cuando el titular muera, se transmitirá el usufructo del inmueble, la posibilidad de utilizarlo, a sus herederos. Pero el socio número uno de la cooperativa es la Fundación XXVI de Diciembre y la idea es que sea el destino final de todos los inmuebles cuando ya no queden titulares. Los apartamentos que queden desocupados porque, por ejemplo, "ningún familiar se quiera hacer cargo o no haya herederos" se destinarán a fines sociales. "Se alojará, a través de la fundación, a seropositivos con una pensión muy baja o insuficiente", cuenta Armenteros.
Al término de los 75 años de la concesión del terreno cedido por el Ayuntamiento de Rivas a cambio de un cánon anual de casi 74.000 euros, el municipio adquirirá la propiedad de la residencia comunitaria y se ocupará de la gestión. Por eso los padres del proyecto eligieron Rivas como sede, por ser "una ciudad gay friendly".
Para convencer a las entidades financieras a la hora de conceder el crédito hipotecario, la cooperativa pedirá un préstamo hipotecario sobre un 60% del coste. El otro 40% de los 14 millones lo obtendrán mediante autofinanciación que los socios pagarán en cuotas hasta la entrega de llaves.
La mensualidad será de "más o menos 700 euros", según Rogado, durante los 30 primeros meses de construcción (para cubrir ese 40% de autofinanciación) y de "cerca de 1.000" cuando ya estén viviendo en la residencia. De esos 1.000 euros, unos 600 corresponden a la hipoteca (que pagarán durante 20 años) y el resto a la inversión para poner en funcionamiento todos los servicios disponibles. Lo que ahora hace falta para poner en marcha el proyecto es que aparezcan 99 socios cooperativistas antes del otoño, cuando, según Armenteros, tienen previsto negociar con los bancos e iniciar las obras.
Denunciada una residencia por no aplicar paliativos a una anciana
Autor: Emilio de Benito
Fuente: El País
Lleva dos meses pidiendo a la médica de la residencia Los Frailes, en Leganés (Madrid), que le retiren la sonda nasogástrica a su tía y le apliquen una sedación para que no sufra. Como no conseguía una respuesta, el miércoles pasado Dolores Martón puso una reclamación por escrito en el centro sociosanitario, cuya titularidad es de Mapfre/Quavitae. Y, el sábado, asesorada por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción de guardia de Leganés.
La familia se ampara en la Ley de Autonomía del Paciente
Martón, de 59 años, es la tutora de su tía Carmen López Domínguez, quien tiene 91, desde diciembre de 2006. "Me quiere como a una hija. Y yo a ella también", afirma. Pero la situación se ha vuelto insostenible. La tía "se encuentra en una situación de deterioro extremo", con "ceguera, sordera, adelgazamiento y úlceras en rodillas y sacro", según relata en la denuncia. "Carece de total movilidad y gran parte del día está encamada". Además, tiene las manos atadas, según cuenta la mujer, sobre todo desde que hace algo menos de un año le implantaron una sonda nasogástrica para alimentarla. "Entre el tubo de la nariz y el oxígeno está molesta e intenta arrancárselo", relata la sobrina. "Aunque no habla ni oye, sí que se le percibe una situación de sufrimiento extremo", continúa la denuncia.
La mujer quiere que le retiren el tubo, que se intente alimentarla por boca, y que le apliquen cuidados paliativos. "Se lo dije a la médica. No quiero que se haga nada ilegal. Solo que deje de sufrir". Pero, siempre según la sobrina, la facultativa se negó. Este periódico intentó sin éxito hablar con la directora de la residencia. "Se ha pedido un informe técnico y se está estudiando el caso", afirmó una portavoz de la empresa.
Pero a Martón esta explicación no le convence. Le parece que solo han tomado en serio su petición ahora, cuando la ha presentado por escrito y la ha remachado con una denuncia. Porque antes de eso ha habido charlas y hasta una reunión en la que el presidente de DMD, Luis Montes, acabó "tarifando con la directora", según su testimonio.
"Hace casi un año me pidieron permiso para ponerle la sonda, me dijeron que le quedaba una semana de vida, y acepté. Hasta me compré ropa de luto", cuenta. Pero la situación se ha alargado. "Al ponerle la sonda, lo último que me dijo fue que estaba muy mal. Luego no ha hablado. Solo hace unos ruidos muy extraños. Un día me acerqué mucho al oído y le grité que si estaba sufriendo me apretara la mano. La pobre intentó hacerlo". La mujer no entiende por qué no le hacen caso. "Yo no quiero nada para mí. Mi tía no tiene nada. Yo, como soy su tutora, tengo que llevarle todas las cuentas al juez una vez al año. De la paguita que tiene, la residencia, que es concertada, se queda la mayor parte, y le dejan un 20% para sus gastos, pero muchas veces pago yo las cosas", dice.
Ella afirma que es quien tiene que tomar la decisión, y se ampara en la ley de autonomía del paciente que se aprobó en 2002, cuando gobernaba el PP.
Montes, el médico que fue absuelto del caso de supuestas eutanasias en el hospital de Leganés, cree que casos como este "hay miles" en España. "Lo que pasa es que se tapan".
De momento, la mujer espera una respuesta. Y esta puede ser inmediata. Ayer, después del intento frustrado de hablar con la directora del centro, un miembro del Comité Ético de la empresa Quavitae, José Pascual, se puso en contacto con este periódico para explicar el procedimiento. Aunque sin hablar de la resolución del caso por cuestiones de privacidad, afirmó que "el dictamen ya está emitido" y enviado al centro. "Se trata de una situación relativamente frecuente" en la que "el equipo médico tiene dudas". Para resolverlo "se realiza un análisis minucioso de las ventajas y los inconvenientes intentando ser lo más equitativos posibles", sobre la base de cuatro principios: "Beneficencia -hacer el bien-, maleficencia -evitar hacer el mal-, justicia y autonomía del paciente", explica Pascual.
Aunque el médico no puede adelantar el sentido de su informe, sí admite que puede "haber contrariedad" con lo que quiere el paciente. En ese caso "lo importante es explicar bien el porqué". "La legislación permite que el profesional defienda sus valores, y esto a veces choca con lo que quiere la familia", añade. "En ese caso, esta tiene libertad para seguir trabajando con este equipo o buscar otro".
Un caso que llega en plena encrucijada legislativa
El caso de Carmen López Domínguez, la mujer de 91 años sorda, ciega y con demencia a la que su tutora, Dolores Martón, pide que le retiren la sonda nasogástrica, llega en un momento de encrucijada legislativa.
El Congreso ya ha recibido el proyecto de ley de muerte digna que el Consejo de Ministros aprobó en mayo, pero no ha empezado a debatirla. De momento está en la fase de presentación de enmiendas, y, tras el adelanto de la fecha electoral, no es seguro que esté al acabar la legislatura. De hecho, el PP la calificó de "innecesaria" cuando se anunció, pero eso no implica que vaya a arrinconarla si gana las elecciones. Mientras, la que debe aplicarse es la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, aprobada en 2002, gobernando el PP.
En concreto, la denuncia que ha interpuesto Martón se centra en dos artículos de esta ley. El 2.3 dice que "el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles". El 2.4 establece que "todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito". La excepción es, sobre todo, que por negarse a recibir un tratamiento se ponga en peligro la salud de otras personas, por ejemplo porque se pueda transmitir una enfermedad.
Cambia la redacción
La ley de muerte digna no modifica estos aspectos, pero cambia la redacción. El artículo 2.1. establece que "las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense. De acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios, aun en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente".
El 2.2 dice que "la negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, no supondrá menoscabo alguno en la atención sanitaria de otro tipo, especialmente en lo referido a la destinada a paliar el sufrimiento, aliviar dolor y otros síntomas y hacer más digno y soportable el proceso final de su vida".
Esta ley, además, aclara el papel de los representantes legales, y fija en su borrador que "los profesionales sanitarios están obligados a respetar las convicciones y creencias de los pacientes, y a no imponer criterios de actuación basados en las suyas propias".
La acusación
- La denuncia. "He intentado hacer valer ante el centro sanitario los derechos que me asisten como representante legal de mi tía ante el gran sufrimiento por el que está pasando y ante lo que considero un caso de encarnizamiento terapéutico", afirma Dolores Martón en el escrito presentado.
- El encarnizamiento. Es un término que tiende a desaparecer. Se sustituye por obstinación terapéutica u otras expresiones que indican que los médicos están más pendientes de alargar la vida, por muy deteriorada que esté, que de aliviar la agonía, aunque esto suponga acelerar la muerte.
- Rechazo. El encarnizamiento está considerado una mala práctica médica por los expertos. Hasta la Iglesia católica lo rechaza
La pensión media de jubilación sube en julio un 3,5%
Fuente: La Nueva España
Se sitúa en 916,19 euros mensuales - La pensión media del sistema crece un 3,3% y está en 805,77 euros
La reforma de las pensiones
La pensión media de jubilación alcanzó en julio los 916,19 euros mensuales, lo que supone un 3,5% más respecto al mismo mes de 2010, según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse el presente mes en 805,77 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,3%.
En julio, la Seguridad Social destinó 7.100,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,9% más que en el mismo mes de 2010.
Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en julio en 586,73 euros mensuales, un 2,6% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 870,48 euros mensuales, con un incremento del 2,3%.
Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 359,54 euros mensuales, un 2,5% más que en julio de 2010, mientras que la de favor de familiares se situó en 472,65 euros al mes, con un repunte del 2,8%, una décima menos que el mes pasado.
En el séptimo mes del año, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.812.560, lo que representa un crecimiento del 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.
De esta cantidad, 5.250.797 pensiones fueron de jubilación (+2,1%), 2.310.329 de viudedad (+0,9%), 940.096 de incapacidad permanente (+0,5%), 273.317 de orfandad (+1,5%) y 38.021 de favor de familiares (+0,8%).
Para abonar estas prestaciones, la Seguridad Social destinó un total de 7.100,86 millones de euros (+4,9%), de los que 4.810 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5,7%); 1.355 millones a pensiones de viudedad (+3,4%); 818,3 millones a incapacidad permanente (+2,8%); 98,2 millones a orfandad (+4%); y 17,9 millones a favor de familiares (+3,6%).
Por comunidades autónomas, ocho de ellas superaron en julio la pensión media nacional, establecida en 805,77 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 996,61 euros, 959,66 euros y 954,42 euros mensuales, respectivamente.
Les siguieron Navarra (911,91 euros mensuales), Ceuta (852,78 euros), Cantabria (837,86 euros), Aragón (835,07 euros), Cataluña (838,93 euros), Melilla (786,94 euros), Castilla y León (783,31 euros), La Rioja (770,73 euros), Canarias (755,99 euros), Castilla-La Mancha (751,90 euros), Comunidad Valenciana (739,62 euros), Andalucía (737,44 euros) y Baleares (734,87 euros).
Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 710,08 euros mensuales; Extremadura, con 684,55 euros, y Galicia, con 674,91 euros al mes.
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